Al amanecer de hoy, las calles de Quito recibieron una delegación inusual pero poderosa: awenes (autoridades tradicionales), pikenani (sabios guerreros) y jóvenes líderes de la nacionalidad Waorani de la provincia ecuatoriana de Pastaza descendieron desde las entrañas de la selva amazónica para llegar hasta el corazón del poder judicial ecuatoriano. Venían sin armas, pero con algo más fuerte: la determinación de proteger su hogar milenario y exigir respeto por sus derechos.
Los Waorani no venían solos. Con ellos llegó el eco de más de 80 adhesiones de apoyo de organizaciones internacionales y celebridades mundiales —entre ellas Jane Fonda, Mark Ruffalo, Emma Thompson, Lupita Nyong’o y Gillian Anderson—, y una advertencia clara a la Corte Constitucional del Ecuador: el mundo los está observando.
Una sentencia pendiente desde hace cinco años
La movilización de hoy martes marca un nuevo capítulo en un caso emblemático: la Causa 1296-19-JP, seleccionada en 2020 por la Corte Constitucional por su importancia para establecer jurisprudencia sobre el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, piedra angular de los derechos colectivos indígenas y garantía mínima para la justicia climática.
La raíz del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno ecuatoriano impulsó una consulta viciada para permitir la explotación petrolera en el Bloque 22, sin informar adecuadamente a las comunidades Waorani. En 2019, un fallo histórico de la Corte Provincial de Pastaza invalidó ese proceso y prohibió cualquier actividad petrolera en más de 180.000 hectáreas de territorio Waorani. Pero el Estado apeló.
Cinco años después, la sentencia definitiva sigue en el limbo.
Voces desde el territorio
Luis Enqueri, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), fue claro frente a los jueces: “La consulta no es un formulario, es un pacto espiritual con la selva y las futuras generaciones. Nuestro territorio no se vende. Monito Ome Goronte Enamai”. Exigen que la Corte viaje a su territorio, los escuche en su idioma, y comprenda desde su cosmovisión qué significa vivir con y por la selva.
Pero, hasta ahora, la Corte se ha negado. En febrero, el juez ponente Richard Ortiz solicitó a las organizaciones indígenas responder por escrito qué significa ser Waorani y cómo entienden la consulta previa. El gesto fue percibido como una señal de desinterés por el diálogo intercultural. Por eso, este 13 de mayo, las respuestas fueron entregadas presencialmente en Quito.
“No basta un papel. Queremos que escuchen a nuestros sabios, que vean cómo vivimos, cómo cuidamos el bosque que nos cuida”, dijo a Noticias Ambientales Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines, quien acompaña jurídicamente la causa.
El trasfondo político y ambiental
Este nuevo intento de las petroleras por ingresar al suroriente amazónico ocurre en medio de la reactivación de la Ronda Petrolera Suroriente por parte del gobierno de Daniel Noboa. Una jugada que amenaza más de 3,5 millones de hectáreas de selva, habitadas por al menos siete nacionalidades indígenas: Waorani, Achuar, Andwa, Shiwiar, Shuar, Kichwa y Sapara.
Muchas de estas nacionalidades ya han rechazado públicamente la subasta, recordando que el país no puede fundamentar su economía en el extractivismo que ha dejado décadas de contaminación y pobreza estructural.
La expansión petrolera contradice también el mandato popular expresado en el referéndum nacional de 2023, cuando una mayoría de ecuatorianos votó por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. ¿Cuál es entonces el rumbo del país?
La movilización de hoy no ocurrió en el vacío. En febrero de este año, Amazon Frontlines ya había alertado que la Corte Constitucional estaba considerando resolver la causa 1296-19-JP sin convocar a una audiencia en territorio Waorani, lo que generó una fuerte preocupación entre comunidades indígenas, organizaciones aliadas y expertos en derechos humanos. Según la organización, esta omisión contravendría principios fundamentales de justicia intercultural y participación efectiva, lo que convirtió a la audiencia en Quito en una acción urgente para exigir una resolución legítima y respetuosa con los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Justicia que no escucha, justicia que no llega
Los Waorani y sus aliados insisten en que el principio de interculturalidad —reconocido por la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales— exige que la Corte actúe de manera diferente: que escuche con respeto, en territorio, con traducción cultural, y que no imponga lógicas ajenas desde un escritorio en Quito.
Han peregrinado a la Corte cinco veces en cinco años. Han entregado cartas, amicus curiae, informes, escritos. Hoy, una vez más, tocan la puerta de la justicia.
“Este caso es una oportunidad histórica para la Corte Constitucional”, afirma Espinosa. “Puede generar una sentencia progresiva, vinculante, que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero si falla, será cómplice de su vulneración y de la destrucción de la Amazonía.”
El mundo observa
Este “martes 13” no fue solo una protesta. Fue una defensa del presente y del futuro. En un planeta al borde del colapso climático, la selva amazónica es uno de los últimos bastiones de vida. Y quienes la habitan y la protegen no piden caridad ni lástima: exigen justicia y respeto.
Los Waorani han demostrado que no están solos. La comunidad internacional los respalda, tanto con portales de recaudación de firmas como los promocionados por Amazon Frontlines, como con campañas de apoyo de fondos, como la que organizó Avaaz en abril pasado.
Y hoy las cámaras de la prensa nacional e internacional estuvieron ahí. Las redes sociales replicaron sus voces. Las pancartas lo dijeron claro: “Sin selva, no hay vida”, “Consulta no es imposición”, “Respeten nuestro hogar”.
Ahora, el reloj corre. La Corte debe decidir. El destino de una sentencia puede definir no solo el futuro de un pueblo, sino el de un ecosistema vital para toda la humanidad.
