La matriz energética del Perú se ha sustentado principalmente en dos fuentes: las hidroeléctricas, responsables de casi la mitad de la electricidad, y las plantas termoeléctricas a gas natural, que aportan cerca del 40%. Sin embargo, un nuevo informe del Ministerio de Energía y Minas ha revelado que las reservas probadas de gas natural han disminuido en un 9,5% en 2024, asegurando solo 13 años de suministro al ritmo actual de consumo.
Desafíos en la Transición Energética de Perú
Este descenso en las reservas plantea un serio desafío a la seguridad energética del país, ya que muchas centrales podrían quedarse sin combustible en poco más de una década, lo que afectaría la estabilidad del suministro y los costos de electricidad. En respuesta, se ha introducido la Ley 32249, diseñada para diversificar la matriz energética e incentivar el uso de energías renovables como la solar y la eólica.
No obstante, la implementación de esta legislación enfrenta retrasos, ya que muchos de sus reglamentos permanecen en borrador o sin publicar, limitando la entrada efectiva de nuevas tecnologías.
Mientras tanto, las centrales a gas natural, favorecidas por precios bajos y exenciones ambientales, continúan teniendo ventaja sobre las fuentes renovables, lo cual distorsiona la competencia en el mercado energético.
En términos de demanda eléctrica, los picos ahora coinciden con las horas de mayor radiación solar, lo que convierte a la energía solar no solo en una opción económica, sino en una solución efectiva para satisfacer las necesidades durante las horas de mayor consumo.
Sin embargo, las energías renovables no convencionales apenas representan el 10% de la generación eléctrica en Perú, en comparación con el 38% en Chile. Este bajo porcentaje sugiere un gran potencial de crecimiento, siempre y cuando se implementen políticas claras y se desarrollen servicios complementarios para estabilizar la red.
El World Energy Council sitúa a Perú en el puesto 41 de su índice de Trilema Energético, destacando la necesidad de acelerar la diversificación para evitar la dependencia de las hidroeléctricas, especialmente ante sequías extremas.
La falta de reglamentos afecta las inversiones en renovables, con 58 proyectos de energía solar y eólica paralizados, lo que equivale a 12,5 gigavatios de potencia y más de 12,000 millones de dólares en inversiones potenciales.
Se requiere un mercado eléctrico que permita la competencia justa entre todas las tecnologías renovables mediante subastas y licitaciones justas, así como un mercado de servicios complementarios para gestionar eficientemente la generación y el almacenamiento energético.
En última instancia, el futuro energético de Perú depende de decisiones políticas y regulatorias clave para evitar la dependencia de combustibles fósiles importados y lograr una economía descarbonizada, cumpliendo así con los compromisos internacionales.
