La intención del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de liberar la actividad minera en tierras donde viven aborígenes es rechazada por la mayoría de los brasileños, según una encuesta divulgada este sábado.
El 86% de los brasileños se opone a la entrada de empresas mineras para la explotación de tierras habitadas por aborígenes, una actividad que actualmente es ilegal pero que el mandatario tiene la intención de legalizar, de acuerdo al sondeo de Datafolha difundido por el Instituto Socioambiental (ISA), informó la agencia de noticias EFE.
Solo un 7% de los brasileños concuerda completamente con el proyecto del mandatario y otro 7 % concuerda ‘apenas en parte con la orientación del presidente’.
‘La objeción es avasalladora y ocurre en todas las regiones franjas etarias, clases sociales y géneros investigados’, señaló ISA en un reporte relacionada con la encuesta.
Desde que era candidato presidencial, Bolsonaro manifestó su interés por explotar las tierras indígenas y esta semana insistió en su intención de legalizar al menos la minería artesanal en las reservas, un tema que causó polémica en Brasil.
El mandatario, que en su gobierno combina políticas sociales marcadamente derechistas con un plan económico neoliberal, insistió en legalizar la minería artesanal en las reservas en una transmisión al vivo que hizo ayer en sus redes sociales.
‘Yo quiero que el indio, si quiere explotar minería en su tierra, lo haga, porque hay diamantes y oro en las reservas. Y si el indio quiere plantar en su tierra, que lo haga, porque muchos de los ‘defensores’ de los indios los quieren ver sin hacer nada y como seres prehistóricos’, dijo.
‘¿Si en Bolivia podemos tener un presidente de la República indio, como Evo Morales, por qué nosotros tenemos que dejarlos presos dentro de una reserva indígena?’, agregó.
La Constitución brasileña establece que la minería en los territorios indígenas solo puede llevarse a cabo previa aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional.
La convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que rige como ley en Brasil desde 2004, establece que los pueblos indígenas deben ser consultados en todas las etapas sobre cualquier proyecto minero ‘para determinar si sus intereses se verían perjudicados’.
Por ser una actividad ilegal, quienes practican la minería en las reservas son perseguidos por las autoridades.
La encuesta realizada por Datafolha, que tiene un nivel de confianza de 95 % con un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales, entrevistó a 2.088 personas entre el 4 y el 6 de junio en 146 municipios de Brasil.
