El distanciamiento social ha pasado a formar parte de la rutina de Liessi Calero y Darling Delgado, mujeres guardaparques que protegen a las tortugas de Nicaragua: el único país de Centroamérica que no ha declarado el estado de emergencia por COVID-19. En la playa de Brasilon, que es parte de el Refugio de Vida Silvestre La Flor, un área de conservación marina ubicada en las aguas turquesas del Océano Pacífico cerca de la frontera con Costa Rica, Liessi y Darling patrullan desde hace años el lugar para impedir que los traficantes ataquen los nidos de tortuga para vender los huevos en mercados y restaurantes de las zonas costeras y de las ciudades.
Pero los patrullajes, que nunca antes se habían detenido, han sido suspendidos desde los últimos días de semana santa. La pandemia del Covid-19 rompió con una década ininterrumpida de vigilancia realizada por este grupo de incansables guardaparques.
Liessi y Darling son parte de la organización Paso Pacífico, que gestiona proyectos para el cuidado de la biodiversidad en Mesoamérica. El gobierno de Nicaragua no ha impuesto cuarentenas ni tampoco se han detenido oficialmente las actividades laborales y educativas. Sin embargo, Paso Pacífico decidió suspender, desde marzo, sus trabajos. Primero se detuvieron los programas de educación ambiental para niños y niñas, y después se pararon los patrullajes y se cerraron los viveros para los huevos de tortuga. Como estos espacios son estrechos fue necesario abandonar esa labor para mantener la distancia preventiva y evitar los contagios por coronavirus.
¿Quién va a cuidar las playas y las tortugas?
“En el trabajo y en los hogares hemos adoptado el distanciamiento social y las medidas higiénicas: desinfectamos las superficies con alcohol y nos lavamos las manos frecuentemente con jabón líquido”, explica Darling Delgado, quien es guardaparque desde hace seis años. Con sus compañeras ha empezado a coser mascarillas que distribuirán a las familias de su poblado, El Coco. Pero la preocupación de Darling y de las demás mujeres que patrullan las playas solitarias del Refugio la Flor es otra. “Ahora que pausamos el trabajo me da miedo que se vayan a perder los nidos de tortugas y que nuestros esfuerzos se puedan derrumbar. Nos sentimos muy tristes, ¿Quién va a cuidar de las playas y de las tortugas?”, se pregunta Yajaira Vargas, otra guardaparque de 32 años.
Todas las especies de tortugas que llegan hasta estas playas están en riesgo de extinción: la paslama (Lepidochelys oliveacea), carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga verde (Chelonia mydas) y la Baula (Dermochelys coriacea), considerada posiblemente la especie de tortuga más amenazada del mundo. Según una investigación publicada en marzo en la revista Nature, las Baulas del Océano Pacífico Oriental podrían desaparecer en menos de 60 años. La investigación calcula que se podrían salvar unos 200 ejemplares adultos y entre 7000 a 8000 crías con la disminución de la actividad pesquera y el cuidado de los nidos. Las amenazas que enfrentan las tortugas marinas van desde la pérdida de hábitat y la pesca incidental, hasta la caza y el cambio climático.
¿De qué depende la vuelta al trabajo de las guardaparques? De la evolución de la emergencia sanitaria, un factor que no considera lo apremiante del regreso de estas mujeres. El mes más crítico es agosto, cuando las tortugas vuelven en masa a las playas donde nacieron para reproducirse hasta diciembre. Los robos se producen también durante el resto del año, cuando solo pocos animales llegan a las playas para desovar y los traficantes se lanzan al agua para darles caza y robar sus huevos de los nidos.
“Estamos preocupadas. Si en junio aún tenemos que tomar medidas de distanciamiento, no saldremos a las playas y no habrá protección para las tortugas anidantes durante las arribadas masivas”, explica Sarah Otterstrom, directora de Paso Pacífico. Otterstrom asegura que con el trabajo de años, la organización ha logrado llegar a una ‘tregua’ con los ‘hueveros’, como suelen llamar a los traficantes. “Ellos generalmente respetan la playa”, pero si no están presentes las guardaparques, la experta reconoce que “podrían volver a un saqueo constante”. Además agrega que a pesar de que han habido avances en educación ambiental y que el comercio y consumo de huevos está prohibido, “la demanda por los huevos de tortuga continúa y las necesidades económicas están en aumento por los impactos del COVID-19”.
Guardaparques en medio del conflicto
Desde abril 2018, Nicaragua atraviesa una época de crisis y represión con 328 asesinatos y alrededor de 100 mil desplazados que se han instalado principalmente en Costa Rica y México, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El último índice de paz global (GPI), elaborado por el Instituto por la Economía y la Paz, advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida en el país por el uso excesivo de la fuerza y de la violencia por parte de funcionarios del gobierno. Aun así, ni siquiera en medio del conflicto las actividades de conservación se habían detenido y las guardaparques habían continuado patrullando las playas a pesar de las dificultades generadas por la crisis política.
Una de esas dificultades es que Paso Pacífico, entre otras organizaciones locales dedicadas a la conservación, no han podido renovar sus permisos de investigación ambiental que otorga el Ministerio de los Recursos Naturales. La entrada en vigor del decreto 20-2017 solo le ha permitido a las organizaciones que tengan el respaldo de una universidad pública para ejercer sus actividades de manera autorizada. Paso Pacífico, entre otras organizaciones, no han logrado tener aún el apoyo de ninguna universidad, lo que ha significado reducir las actividades de investigación científica y de conservación dentro de las áreas protegidas, como es el caso del Refugio La Flor.
Por otro lado, la crisis política ya había afectado el presupuesto anual del proyecto de conservación de tortugas en un 40 por ciento, sin embargo, Otterstrom estima que la situación puede empeorar aún más. “Cuando el mundo se enfrente a los cambios económicos provocados por el COVID-19, pensamos que probablemente haya una disminución en las donaciones para la conservación de la biodiversidad”.
Yajaira Vargas ha podido ver en las playas que recorre durante sus patrullajes los efectos de la crisis política. “A raíz del conflicto, la gente que se ha quedado sin trabajo ha ido extrayendo más huevos para vender en los mercados y también para comer en sus hogares”, cuenta.
A pocos kilómetros de la playa de Brasilon, que hasta antes del inicio de la pandemia era patrullada por las guardaparques Liessi Calero y Darling Delgado, se encuentra una de las siete playas más importantes de anidación masiva en el mundo: La Flor. Durante la temporada de arribada, que empieza a finales de julio, pueden llegar a desovar a esta playa más de 70.000 mil tortugas.
En agosto 2018, mientras las fuerzas de seguridad estaban movilizadas por el conflicto político, La Flor quedó desprotegida durante un mes. Los traficantes saquearon unos 2000 nidos y mataron a varias tortugas aunque aún no se ha podido cuantificar cuál fue la disminución de tortugas a raíz de la crisis política. Actualmente el gobierno, a través del ejército, se encuentra patrullando La Flor, sin embargo, una fuente científica que por seguridad prefiere permanecer anónima, ha explicado a Mongabay Latam que los saqueos podrían repetirse durante la crisis sanitaria si es que esta importante playa queda sin controles oficiales. De hecho, en abril ya se registraron hechos de violencia en La Flor cuando traficantes mataron a una tortuga para robarle los huevos y luego incendiaron parte de un bosque.
El único país centroamericano sin estado de emergencia
“Después de dos años de conflicto y ahora que la pandemia está llegando a Nicaragua, las guardaparques empiezan a sentirse abandonadas. Perciben que el país no está tomando las medidas adecuadas como en otras partes del mundo”, señala Sarah Otterstrom. “Queríamos hacer carteles para promover actividades de higiene y salud, pero las comunidades locales nos dijeron que no era posible porque el gobierno podría detenernos”, agrega la experta.
En una nota de prensa, la organización por la defensa de los derechos humanos Human RightS Watch señaló que el gobierno de Daniel Ortega ha dado una respuesta temeraria ante la pandemia. A diferencia de los demás países de la región, Nicaragua no ha declarado cuarentenas ni tampoco restricción a los desplazamientos. Por lo contrario, a finales de marzo, el gobierno organizó una caminata masiva llamada “El amor en tiempos de Coronavirus”, con el objetivo de ‘combatir’ la pandemia. Especialistas sanitarios han criticado la estrategia del gobierno ante lo cual la vicepresidenta, Rosario Murillo, ha señalado que quienes se oponen a ella son “enfermos que buscan difamar”.
Hasta ahora en Nicaragua se han contabilizado oficialmente 1118 casos de contagio por covid-19 y 46 muertes. Sin embargo, profesionales de la salud miembros del Observatorio Ciudadano COVID-19, una plataforma que busca hacer llegar a la población información sobre lo que ocurre en el país, acusan que no se están haciendo las pruebas necesarias. Según sus conteos habrían más de 4200 contagios y 980 muertes por neumonías sospechosas.
Sin medidas de distanciamiento social, los restaurantes siguen abiertos y muchos establecimientos promueven en las redes sociales sus menús que incluyen huevos de tortugas en ensaladas o como ingredientes de la sopa marinera.
Otterstrom advierte que con la crisis del COVID-19 ha quedado demostrado que no es posible separar la salud de las personas del cuidado del medioambiente. “La vida silvestre es portadora de virus que el cuerpo humano no conoce”, explica la científica por lo que “el tráfico de animales y la deforestación abren espacio al consumo de animales que pueden transmitir enfermedades”. Por lo mismo, la experta enfatiza en que es necesario que los gobiernos prioricen la lucha contra el tráfico y la conservación de la fauna para evitar que pandemias como la del COVID-19 se repitan.
