A través de la publicación de un documento informativo de referencia para la elaboración de una Ley de Humedales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la necesidad de que el Estado argentino avance hacia políticas de conservación y uso sostenible de los humedales, ecosistema que el año pasado fue una de las principales víctimas de los incendios que arrasaron más de un millón de hectáreas en todo el país.
En noviembre de 2020, impulsado por diversas organizaciones ambientalistas, un proyecto unificado de Ley de Humedales obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no hubo novedades por parte de las otras comisiones que debían tratarlo.
“Aportes del Sistema de Naciones Unidas (SNU) al proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales en la República Argentina”, es el nombre del documento presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina. El objetivo del informe, según indicó el organismo, es “colaborar con aquellos contenidos conceptuales que puedan coadyuvar a contar con más información respecto del contexto internacional y comparado, y su posible contribución a la realidad nacional y local en la materia”.
La lista de “servicios ecosistémicos” provistos por los humedales es extensa: control de inundaciones, reposición y depuración de aguas, estabilización de costas, protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, biodiversidad, recreación y turismo, mitigación y adaptación al cambio climático. Esos son algunos de los aspectos enumerados por el informe de PNUD, que también detalla que los humedales aportan a cada uno de los 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) establecidos en 2015 por la ONU en el marco de la “Agenda 2030”.
“Si bien a escala mundial todavía cubren una superficie mayor que la de Canadá, los humedales están disminuyendo rápidamente, con pérdidas del 35 por ciento desde 1970”, se lee en el informe. En 2020, en Argentina se perdieron cerca de 350 mil hectáreas de humedales por los incendios que arrasaron las islas del Delta del Paraná.
Además de referir que el Estado argentino tiene incorporado el concepto de “desarrollo sostenible en su Constitución Nacional”, el informe explica que la “cláusula ambiental constitucional” establece el deber de las autoridades de crear los mecanismos necesarios para “la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica”.
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental”, advierte el documento en este sentido. El informe destaca que, en el país, “el desarrollo legislativo en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental ha tenido un interesante avance”, por lo que asegura que es necesario expandir ese proceso con una ley específica de conservación y uso sostenible de humedales.
Además, el PNUD hace hincapié en que el Estado argentino se encuentra adherido desde 1991 a la “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional”, comúnmente conocida como “Convención Ramsar”, que entró en vigencia en 1975 y que al día de hoy funciona como marco internacional de elaboración de políticas para enfrentar la creciente pérdida de los humedales en el mundo.
Aunque durante 2020 la atención de la agenda pública estuvo concentrada en los focos de Santa Fe y Entre Ríos, en Argentina los humedales están presentes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. En la actualidad existen en el país 23 humedales de “importancia internacional”, que forman parte de la “Red de sitios Ramsar” y que conforman una superficie total de 5.687.651 hectáreas.
A fines de noviembre del año pasado, luego de que diversas organizaciones ambientales presentaran 650 mil firmas pidiendo que la ley avanzara, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado Leonardo Grosso -Frente de Todos-, dio dictamen de consenso al proyecto de “Ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales”, con un texto que unificaba diez proyectos presentados por diversas fuerzas políticas.
A pesar de que las agrupaciones ambientales reclamaban que el proyecto fuera tratado en sesiones extraordinarias, en ese entonces se informó que primero debía pasar por las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. Hasta el momento no hubo ningún movimiento al respecto.
