El 80% de las personas migrantes climáticas son mujeres y niñas. Esta cifra hace necesario un nuevo marco legal internacional para proteger los derechos humanos, incorporando medidas sensibles al género en las políticas y legislaciones. Así lo afirma Susana Borràs, investigadora del Departamento de Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili en un artículo de la revista Environmental Policy and Law, en el que detalla las complejidades de la perpetuación de las desigualdades, las vulnerabilidades existentes y la falta de protección que afectan a las mujeres y las niñas migrantes.
«El cambio climático es una evidencia de un claro debilitamiento de los derechos humanos, especialmente en áreas que ya están experimentando una mayor exposición a efectos del cambio climático y una menor resiliencia a causa de los contextos socioeconómicos existentes», afirma Borràs.
«La desigualdad multidimensional y la inseguridad están presentes a lo largo del proceso migratorio y son especialmente críticas en el caso de mujeres y niñas migrantes», añade.
Naciones Unidas estima que, de cara al año 2050, los efectos del cambio climático provocarán el desplazamiento de 150 millones o más de personas a causa del clima extremo y de los acontecimientos como el aumento del nivel del mar y la desertificación. Asimismo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático predijo que, en los próximos años, la migración se convertiría en una respuesta al cambio climático, con millones de personas desplazadas por inundaciones costeras, erosión costera, procesos de desertificación y pérdidas en la producción agrícola.
«Las personas que abandonan sus territorios de origen lo hacen en contextos muy complejos, en busca de seguridad y bienestar, ejerciendo su derecho humano a emigrar con dignidad a otros territorios seguros, sean dentro o fuera de sus países», explica Borràs.
Reivindican la inclusión de la mujer en la toma de decisiones sobre los efectos del cambio climático
En la tercera década del siglo XXI, la humanidad todavía está luchando contra cuestiones vitales relacionadas con la desigualdad de género, la discriminación y la violencia a la que se enfrentan las mujeres y las niñas que constituyen casi la mitad de los 8.000 millones de habitantes del mundo. Pese a los objetivos estimados prescritos en los derechos humanos internacionales y otros instrumentos reguladores para provocar cambios, las actitudes mentales y las duras realidades globales persisten sobre el terreno para las mujeres y niñas.
Según Susana Borràs, «los impactos del cambio climático hacen que las mujeres, especialmente las que viven en comunidades más empobrecidas, se enfrenten a una gran carga psicológica. Las estructuras y las relaciones de poder conducen a una mayor vulnerabilidad en los fenómenos meteorológicos extremos y a los desastres relacionados con el cambio climático. Esta vulnerabilidad estructural aumenta cuando las mujeres y niñas se convierten en migrantes climáticas”.
En los últimos años ha habido algunos desarrollos en distintos sectores de la regulación internacional para reconocer el cambio climático como causa de la migración, incluido desde una perspectiva sensible al género. «Estos avances, pese a ser positivos, han demostrado la falta de una visión integradora entre el régimen jurídico internacional de migraciones y refugio, el cambio climático y los derechos humanos», añade.
En conclusión, la investigadora afirma que es necesario repensar los marcos legales existentes para responder a la realidad de las migrantes climáticas desde una perspectiva sensible al género que proteja eficazmente los derechos humanos. Borràs apunta a que las dinámicas de poder heteropatriarcal –que excluyen a las mujeres de los procesos de toma de decisiones– han impedido la correcta integración de la perspectiva de género en las políticas y los estándares legales de protección del medio ambiente.
«Es fundamental revertir el rol de víctima o vulnerable asignado a las mujeres y reconocer su papel como líderes y agentes del cambio climático y los contextos migratorios». En este sentido, reclama respuestas políticas que adapten los marcos legales existentes relacionados con los refugiados y la migración a los retos humanitarios generados por el cambio climático.
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