Argentina y un grupo de países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, entre otros, ya han anunciado sus compromisos de avanzar hacia la descarbonización de sus economías de aquí a mediados de siglo.
Se trata de países que, en conjunto, son son responsables de más del 50% de las emisiones de la región, por lo cual deben encarar estrategias de largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050, tal como se dispone en el Acuerdo de París.
La decisión tiene que ver con el cambio climático, que se hace cada vez más evidente y está teniendo efectos perjudiciales en todo el mundo.
Por caso, en América Latina y el Caribe, están aumentando la frecuencia y la intensidad de las sequías, los incendios forestales y las tormentas extremas, fenómenos que ocurren en un contexto de escaso crecimiento regional de estancamiento de la economía y que pone en riesgo los progresos alcanzados en términos de desarrollo y, sobre todo, limita la capacidad de los países de mejorar el bienestar de sus poblaciones de manera sostenible.
En este contexto, un informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), presenta los efectos económicos generales del cambio climático y describe los compromisos regionales en materia de mitigación y adaptación.
Sobre esa base, se estiman las inversiones necesarias y se examinan las políticas específicas que se están aplicando en la región para lograr la descarbonización.
De igual modo, la Cepal reclama a la Argentina y a varios países más que, además de anunciar sus metas al 2050, avancen hacia economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al cambio climático.
También les exige cambios en los sistemas energético, alimentario, de transporte y de producción, lo cual, sin dudas requerirá considerables inversiones.
Más que nada si se calcula que la transición mundial exigirá fondos anuales en el orden de los u$s9.200 millones de aquí a 2050.
“Esto incluye inversiones en los sistemas energéticos, la movilidad, la industria, la construcción y la agricultura, así como en la silvicultura y en otros usos de la tierra”, detalla el documento.
Este cálculo del ente internacional supone inversiones anuales adicionales de más de u$s3.500 millones, según un trabajo elaborado por McKinsey Global Institute en el 2022, y cuya cifra es congruente con las estimaciones de la Global Financial Markets Association, que se sitúan entre los u$s3.000 millones y los u$s5.000 millones por año hasta 2050.
Costo del cambio de matriz energética en la descarbonización
Para la Cepal, la transición energética será la que más inversiones de recursos requiera.
De hecho, estima que para alcanzar la meta de una temperatura que no aumente más de 1,5 °C, entre 2023 y principios de 2030, las inversiones en energía limpia deberán aumentar de u$s1.800 millones a u$s4.500 millones anuales.
Según la Cepal, la estimación más reciente proviene del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022 (PNUMA, 2022b) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que incluye estimaciones por región del financiamiento necesario de aquí a 2030.
En este sentido, dicho paper calcula que, a nivel mundial, se necesitarán entre u$s41.000 millones y u$s314.000 millones por año, es decir, entre un 0,2% y un 1,8% del PBI mundial, a lo que habrá que sumar “el costo de afrontar otros retos que afectan a los países en desarrollo”, de acuerdo a la Cepal.
El organismo entiende también que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 2019 y 2030, la Argentina junto con los países en desarrollo (sin incluir a China) deberán aumentar de u$s2.400 millones a u$s3.500 millones (de un 11,3% a un 18,2% del PBI) su gasto en capital humano, en infraestructura sostenible, en adaptación y resiliencia y en su capital natural (Songwe, Stern y Bhattacharya, 2022).
El flujo de financiamiento
Por eso la Cepal entiende que las inversiones climáticas, entre otras cosas en los ámbitos de la transición energética, la adaptación y la resiliencia, y la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, “deben aumentar de los u$s450.000 millones por año que se invierten actualmente a u$s 2,3 billones para 2030.
Si bien los flujos de financiamiento han aumentado rápidamente y ahora duplican los montos de 2011, siguen estando muy por debajo de las sumas que se necesitan para alcanzar la descarbonización.
El trabajo recuerda que en 2020, un 89% del financiamiento climático se destinó a la mitigación, un 8% a la adaptación y un 3% a acciones transversales.
Las estimaciones preliminares indican que para 2021 los flujos mundiales de financiamiento para el clima se situaron entre los u$s850.000 millones y u$s940.000 millones (Naran y otros, 2022).
Dicho estudio citado por la Cepal estima además que para cumplir los compromisos de acción por el clima, entre 2023 y 2030 se necesitará una inversión acumulada de entre los u$s2,1 y u$s2,8 billones, lo que equivale a una inversión anual promedio de entre un 3,7% y un 4,9% del PBI regional.
Lejos de cumplir con la descarbonización
Si se considera que el PBI de Argentina actualmente es de u$s631.000 millones, el país deberá destinar alrededor de u$s31.600 millones cada 360 días para llegar a cumplir con los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París.
Al considerar el escenario de la economía local y tener en cuenta la crisis que sufre el país, los expertos ponen en duda que se pueda cumplir con lo firmado, en especial en lo que concierne a las estimaciones de las inversiones que deben realizarse de aquí a 2030 en el sistema energético que incluyen las necesarias para incorporar o reemplazar equipos de suministro y para aumentar la eficiencia energética en diversos sectores.
De hecho, un documento de la llamada Red de Bancos Centrales y Supervisores para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS), frente a los niveles de 2020, la inversión anual entre 2021 y 2030 tendría que aumentar entre un 0,2% y un 1% del PBI regional para ser congruente con la CDN7.
Según los cálculos de la Cepal, eso equivaldría a entre u$s13.000 millones y u$s56.000 millones más por año con respecto a las inversiones de 2020.
De dichos fondos, las inversiones en transmisión y distribución son el aspecto más importante, y representan el 35% del total de la inversión.
En tanto, las destinadas a combustibles fósiles disminuyen de un 40% en el escenario en que se aplican las políticas actuales a un 27% en el compatible con las CDN, en tanto que las orientadas a energías renovables (solar, eólica y bioenergía) aumentan de un 12% a un 21%.
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