Una reciente resolución de la Justicia Federal de Brasil ha determinado la transferencia de una extensa área del Parque Nacional del Iguazú, equivalente a más de 1500 canchas de fútbol, del Estado federal al estado de Paraná. Este fallo añade un nuevo capítulo al prolongado conflicto legal por este territorio.
La administración actual, a cargo de la concesionaria Urbia Cataratas SA, que gestiona la operación y el turismo de la reserva, sostiene que la medida responde a intereses económicos y ha anunciado que apelará la decisión.
Derechos e ingresos para Paraná
Con el fallo de la Justicia Federal, Paraná también obtendrá una parte de los ingresos generados por el turismo en las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y ubicadas en parte tanto en Brasil como en Argentina.
La decisión fue emitida el 5 de febrero por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4). La demanda, presentada por el Estado federal en 2018, buscaba la anulación de una declaración realizada por el gobierno de Paraná en el registro civil de Foz do Iguaçu, en la que se atribuía el control del área. El gobierno federal alegó que las 1085 hectáreas eran tierras desocupadas, destinadas a la Unión o al Estado federal.
Después de que el Tribunal de Foz do Iguaçu fallara a favor del Estado federal, Paraná presentó un recurso que llevó el conflicto legal al TRF. “El área en disputa fue cedida por la Unión a un particular llamado Jesús Val en 1910.
Nueve años después, el Estado compró el terreno a esta persona y lo registró en el registro civil de Foz do Iguaçu, hechos reconocidos por los jueces del TRF. Es una gran victoria para Paraná”, afirmó el fiscal del caso, Júlio da Costa Aveiro.
El juez Luiz Antonio Bonat, relator del caso, consideró que el área no estaba vacante “ya que fue concedida por el Ministerio de Guerra a Jesús Val en la antigua Colonia Militar de Iguazú, y cuando el área fue titulada por el particular, pasó a formar parte del dominio privado”. La votación fue respaldada por los jueces João Pedro Gebran Neto y Gisele Lemke.
Debate sobre la protección de las tierras fronterizas en Iguazú
La Procuración General sostiene que la Constitución de 1988 estipula que las “tierras abandonadas esenciales para la defensa de las fronteras” pertenecen al Estado federal. Por tanto, “la franja de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho, a lo largo de las fronteras terrestres, designada como franja fronteriza, se considera fundamental para la defensa del territorio nacional”.
En un comunicado oficial, el Parque Nacional declaró que, desde el punto de vista legal, la decisión puede ser apelada y revisada, “un tema que deberá ser abordado por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Ministerio de Medio Ambiente”.
“La decisión favorece al estado de Paraná, que reivindica el área. En la práctica, con la decisión, los ingresos de la taquilla del parque —que actualmente se destinan al ICMBio en un 7% de la recaudación bruta— serán devueltos al estado”, concluyó el comunicado.
*Con información de O Globo
Foto de portada: rocharibeiro – Shutterstock
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