Grandes extensiones de terreno salvaje y de enorme valor ambiental, como bosques y montañas, que durante décadas fueron ocupadas por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y del Ejército de Liberación habían gozado de un abandono que las protegía hasta ahora.
Son 125 municipios rodeados de selvas y reservas naturales, los que al aplicarse los acuerdos de paz, serán afectados por los nuevos repartos de tierras entre víctimas y excombatientes, suponiendo así una reforma rural integral, el desarrollo de infraestructuras, aperturas de nuevos mercados, la entrada de nuevos cultivos y la sustitución cultivos ilegales por sembríos legales.
Por este motivo la organización recomendó una buena planificación a la hora de implementar los acuerdos entre el Gobierno y las FARC.
En su informe realizado en colaboración del Ministerio de Medio Ambiente Colombiano, titulado ‘Construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia’, alertó que dichos acuerdos serán considerados de ‘altísima relevancia ambiental’, pues a juicio del organismo, si no existe una buena gestión durante la implementación de éstos, podría cambiar incluso el paisaje de Colombia, cuyo 50% consta de bosques y ricos ecosistemas, advirtiendo que hay que tener en cuenta los parques naturales y reservas forestales que están dentro de la zona de conflicto.