En septiembre de 2014 el Ministerio de Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental firmaron la Resolución Conjunta 2 / APRA, a través de la cual crearon una Comisión ‘para la transformación del Jardín Zoológico’.
Poco después la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría inició la actuación 4868/14 para dar seguimiento a ese proyecto y al estado general en que se encuentra el Zoo porteño.
Una inspección realizada en noviembre de 2014 verificó que no se lleva delante un mantenimiento eficaz y eficiente del patrimonio bajo cuidado del concesionario, que no se cumplen las normas que amparan los derechos de los animales confinados, y que tampoco se brinda el cuidado necesario a las especies forestales.
El 17 de diciembre de 2014, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor firmó la Resolución 637 en la que recomendó a la Dirección General de Concesiones a cargo de Gabriel Astarloa, que en forma urgente se ponga fin a las situaciones que atentan contra la salud y el bienestar de los animales confinados.
A su vez, recomendó a Juan Carlos Villalonga, presidente de la APRA, su intervención como máxima autoridad ambiental de la Ciudad para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales sobre el ambiente y la preservación de la fauna cautiva.
Ante el evidente agravamiento de la situación denunciada hace un año, la Defensoría del Pueblo acaba de enviar un nuevo oficio a Gabriel Astarloa, titular de la Dirección General de Concesiones (responsable directa de controlar el desarrollo de la concesión del Zoológico), en el que la subsecretaria Bárbara Rossen le solicita que remita copia del inventario de animales que recibió la empresa concesionaria cuando comenzó su contrato con la Ciudad y el estado actual de ese mismo listado, para que el concesionario y la Dirección General expliquen, caso por caso, a qué se deben las diferencias entre uno y otro.
