—¿Cómo se pasa la Aduana?
—Necesitas sobornar a alguien. Nosotros no sobornamos al personal de la Aduana, pero sí a la Policía, a un oficial de un rango alto.(…)
—¿Lo hacen por container?
—Sí. Se puede.
—¿Tú ya has intentado hacerlo?
—(…) Yo lo mando a través de Brasil, hay más compañías comerciales allá.
Esta conversación entre un investigador encubierto y un traficante de partes de jaguar es solo un extracto de las cientos de horas de grabación que un equipo de Earth League International (ELI) realizó con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL), entre el 2018 y el 2020, en distintas ciudades de Bolivia.
Con este trabajo se buscó exponer uno de los eslabones menos conocidos en la cadena de tráfico del felino: el de las comunidades asiáticas que habitan en este país, quienes hablan en un idioma distinto al de las autoridades locales que los investigan.
Con la barrera del lenguaje derribada, los investigadores chinos encubiertos de ELI han podido descubrir importantes características de estos traficantes: cómo se agrupan, dónde operan y qué vías utilizan para exportar a Asia las partes del gran felino. “El tráfico de jaguar no solo es un problema de conservación, sino de crimen organizado”, dice Andrea Crosta, director ejecutivo y cofundador de ELI.
Con esta investigación se llegó a establecer que existen al menos tres grupos criminales que operan en territorio boliviano y que están compuestos, sobre todo, por ciudadanos chinos que residen en el país sudamericano.
Los grupos se concentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, específicamente en los municipios de San Borja, Rurrenabaque y Riberalta. Su principal forma de tráfico es a través del transporte aéreo, ya sea en vuelos comerciales o envío de cargamentos. El método depende de la cantidad que se transporta y, en muchos casos, debe haber un soborno de por medio a una autoridad local.
Sin embargo, el jaguar es violentado y traficado en otros nuevos espacios. Al menos en dos restaurantes de Santa Cruz se descubrió la venta de carne de este felino, una actividad que es delito no solo por la matanza del animal sino por el consumo de animales silvestres, el cual está prohibido por resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas desde abril de 2020. ¿Qué sucede en esta Bolivia desconocida por las autoridades locales y cómo se pueden mejorar los esfuerzos para combatir el tráfico de partes de jaguar?
El perfil y las rutas del traficante
Para llegar a un vendedor de partes de jaguar en Bolivia se necesitan seguir varios pasos y filtros. Normalmente, los primeros contactos se realizan por redes sociales como el WeChat, la plataforma tecnológica de mensajería más usada por la comunidad china dentro y fuera del país asiático. Cuando el encuentro físico se realiza, los vendedores muestran solo pequeñas partes de su mercancía. “Generalmente los vendedores no cargan consigo muchas piezas ni las tienen a un alcance inmediato”, detalla un informe de ELI.
Esta comercialización se ha vuelto más discreta en los últimos años, luego de un inicio bastante ruidoso. Hasta el 2017, una radio local en San Borja, Beni, transmitía constantemente un aviso en el que se ofrecía comprar “colmillos de tigre, preferentemente largos y limpios”. También era común que desde el 2014 se encontraran anuncios impresos, más aún en áreas rurales, pidiendo partes de jaguar. La actual baja exposición también puede explicar, en parte, el por qué desde enero del 2019 no ha habido nuevas incautaciones de partes de jaguar.
“Hemos empezado a tener indicios de presencia de organizaciones criminales internacionales”, comenta Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Según la investigación de ELI, cuyos hallazgos se están compartiendo con las autoridades bolivianas, se han identificado con nombres y fotos a integrantes de al menos tres grupos criminales que se dedican al tráfico de partes de jaguar.
Una de estas bandas, conocida como Putian, tendría relación directa con la mafia Fujian en Hong Kong, China. Los Fujian son uno de los grupos criminales más fuertes del país asiático. “Lo que queremos destacar es que este negocio no está en manos de tres o cuatro personas, sino de una organización”, agrega Crosta de ELI.
“La mafia china tiene casinos ocultos, maneja actividades para lavar dinero y controla el negocio de la cocaína en Bolivia”, cuenta uno de los traficantes a un agente encubierto chino de ELI. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por esta agencia de inteligencia, estos criminales no solo desarrollan negocios ilegales. En muchos casos, se han diversificado en actividades comerciales como restaurantes y tiendas, que utilizan de fachada tanto para el tráfico de partes de jaguar como de otro tipo de bienes ilegales, que pueden ir desde animales silvestres hasta drogas.
Los puntos calientes de este tráfico, según refieren fuentes locales, se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, principalmente en el primero. La agencia ELI encontró que, como en otros países latinoamericanos, este delito es perpetrado por residentes chinos que habitan en regiones remotas.
El método más usado para el tráfico de partes de jaguar como colmillos, huesos y hasta genitales es el transporte aéreo. “Para llegar a este país [China], se evita llegar directamente en aviones y se prefiere detenerse en aeropuertos con menor seguridad”, comenta el informe de ELI. Este traslado puede darse al menos en dos formas: a través de una cadena logística de tráfico que permite ocultar bienes ilegales en cargamentos legales y mediante personas que cargan colmillos en sus piezas de equipaje e incluso dentro de sus cuerpos.
Con la actual pandemia, esta última modalidad se vio bastante reducida por las restricciones de los vuelos, “pero hay que entender que estas personas son profesionales, son muy buenos para entender cuál es la mejor ruta para no detener el tráfico. El coronavirus es un problema logístico más”, comenta Crosta. “Ellos encuentran los espacios con menor resistencia. Si necesitan mover bienes de Bolivia al Perú, porque será más fácil, cruzarán la frontera para hacerlo”, agrega. En ese camino de rastrear rutas, ELI ha encontrado, por ejemplo, que hay traficantes en Brasil que utilizan a Surinam y Guyana para traficar, dado el débil control en estos países.
En el caso del jaguar, lamentablemente, este contrabando es fácil por el tamaño de las piezas que circulan. Un colmillo de este felino es tan grande como un celular Iphone, que fácilmente cabe en un bolsillo. “Este tipo de tráfico que se realiza individualmente es el más usado”, cuenta Crosta. Hay personas que ya han llevado colmillos repetidas veces, sin embargo, también existen aquellos que llegan a Bolivia por negocios y regresan con estos dientes como ‘souvenir’.
Con respecto a los cargamentos, estos pueden ir en containers desde Bolivia o desde países vecinos, como señalaba el traficante en el dialogo al inicio de este reportaje. La agencia ELI ha encontrado evidencias de que estos contrabandistas pueden recurrir a los sobornos económicos para tener apoyo al cruzar fronteras, ya sea por avión o por tierra. El tráfico es una acción riesgosa y todos los entrevistados que forman parte de la investigación son conscientes de ello. Sin embargo, es también una actividad lucrativa: un colmillo de jaguar puede valer diez veces más cuando llega a China.
El peligroso interés por el ‘tigre americano’
Cuando en el anuncio radial del 2017 en el Beni se pedían “dientes de tigre”, se hacía referencia al jaguar. Entre los ciudadanos chinos que viven en Bolivia, el jaguar es conocido como el ‘tigre americano’. Debido a la gran caza del tigre en Asia, otros felinos fueron puestos en la mira para sustituirlo. En ese continente se cree que las partes del jaguar, como los huesos y los colmillos, tienen atributos medicinales o de suerte, mientras que los genitales son vistos como afrodisíacos.
La agencia ELI comenta que esa “necesidad por partes de tigre” y la posibilidad de sustituirlos por partes de jaguar formó una “tormenta perfecta” con el arribo de inversiones chinas a Bolivia, un país con gran cantidad de jaguares. Esto ha sido estudiado por Thaís Morcatty, investigadora brasileña de la Universidad Oxford Brookes, quien publicó recientemente un estudio sobre la relación entre la inversión china en proyectos de infraestructura y el tráfico de jaguar. Morcatty señala que este patrón de buscar sustitutos a las partes de tigre ya se ha visto en África, donde las poblaciones de leones también están siendo reducidas debido a esa demanda.
El estudio de ELI recoge que los proyectos de infraestructura son un gran motor que deriva en la caza furtiva de fauna silvestre y que esto se ha incrementado en Bolivia, desde 2015, con las políticas del gobierno del entonces presidente Evo Morales para atraer inversiones.
“Hay nuevas vías que se están abriendo a estos cazadores, mientras el flujo de trabajadores [de los grandes proyectos de infraestructura] crea una nueva demanda por carne de monte, específicamente por parte de ciudadanos chinos”, detalla el informe. Una de estas carreteras es la que se busca construir en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la Amazonía de los departamentos del Beni y Cochabamba. En esta área protegida habita el jaguar.
En las investigaciones realizadas desde el 2018 por el equipo de agentes encubiertos de ELI se encontró que también se estaría dando consumo de carne de jaguar. En Santa Cruz identificaron dos restaurantes operados por ciudadanos chinos que ofrecen de forma oculta varios tipos de carne de fauna silvestre. “Es una modalidad nueva para las autoridades”, señala Rodrigo Herrera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. “Desde abril de 2020, hemos publicado regulaciones a través de resoluciones ministeriales que prohíben, entre otros usos, el consumo alimenticio y medicinal de la fauna silvestre”, agrega.
A pesar de esto, los grupos criminales no estarían detrás de la carne porque no tiene mucho valor. “No es interesante para los traficantes porque no hay mucho dinero detrás de ella y es ocasional, a veces a pedido. No hemos encontrado relación entre los grupos que trafican los colmillos y huesos con los que comercian la carne”, indica Andrea Crosta de ELI.
¿Ir detrás del cazador o del traficante?
La respuesta a esta pregunta la da Crosta. “Es muy fácil ir detrás del cazador, que generalmente es local, en este caso, de Bolivia. Pero es el eslabón más débil. La caza furtiva existe porque hay un traficante que pide los colmillos”, comenta el especialista. Según el fundador de ELI, el foco debería ser el tráfico, la parte de la cadena que aún es invisible para las autoridades bolivianas.
Una mirada a las cifras de incautación de partes de jaguar entre el 2014 e inicios del 2019 señalan el decomiso de 760 colmillos que corresponden a unos 200 jaguares. Entre el 2014 y el 2016, el servicio postal de Bolivia, Ecobol, encontró 300 de estos en 16 paquetes que tenían a Asia como destino. Esta información recogida por los expertos de Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la UICN en Holanda con la organización Savia en Bolivia —y en el que participa ELI en el brazo de inteligencia—, es confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Se han contabilizado 34 casos conocidos de tráfico de jaguar, tanto vivos como de partes del animal, así como casos en los que la caza ilegal o el contrabando de este felino es promovido. De estos 34 casos, solo cinco tienen sentencia y dos de ellos cumplen penas en la cárcel de hasta seis años, la pena máxima que tiene este delito actualmente en Bolivia.
“Todas los casos que existen hasta la fecha se han investigado porque el Ministerio de Medio Ambiente los ha reportado”, comenta Rodrigo Herrera. Además, tanto el mencionado Ministerio como el Ministerio Público han confirmado que desde enero del 2019 no hay nuevas incautaciones de partes del jaguar.
Según Herrera, en el Ministerio están convencidos de que una de las falencias como Estado es que no se cuenta con una “estructura punitiva moderna” que permita sancionar eficientemente este tipo de delitos. “Por eso se elaboró un anteproyecto de ley que se envió al Ministerio de la Presidencia de Bolivia”, comenta el funcionario.
Esta iniciativa buscaba la creación de la Ley de Protección de los Animales, la primera de su tipo en el país. Una de las modificaciones propuestas era el “biocidio animal”, con una pena de hasta 15 años de cárcel.
Sin embargo, esa propuesta ha sido desestimada por el momento. “Se nos indicó que el tema debía ser analizado y revisado por más instancias. Ahora ya estamos entrando a un nuevo gobierno y esperamos que se retome esta iniciativa”, comenta Herrera.
Para Ángela Núñez, bióloga especialista en temas de tráfico en Operación Jaguar, es necesario trabajar en una continuidad a nivel político para este tipo de estrategias. “Las crisis políticas de Bolivia están afectando el trabajo para resguardar al jaguar”, agrega.
La directora de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales de la Fiscalía General del Estado, Vania Arroyo, también considera que debe retomarse la discusión de este anteproyecto. “Mientras tanto queremos sugerir el trabajo con agravantes. Por ejemplo, si es que el animal es comercializado, pero además lo han asesinado o ha sido decapitado, debe tener más pena de cárcel. Por ahora la sanción es mínima y es una burla”, indica Arroyo.
Esta dirección especializada de la Fiscalía es relativamente nueva. “Fue creada a mediados del 2019 y por ahora tenemos 11 fiscales especializados que también ven casos de delincuencia juvenil y otros 100 fiscales de provincia que también deben apoyar en las investigaciones”, cuenta Arroyo. El problema aparece cuando estos fiscales no reciben o aceptan las denuncias. “A veces rechazan porque no tienen la capacitación suficiente para aceptar estos casos ambientales. Estamos recibiendo asesoría del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) para mejorar estos conocimientos”, añade la fiscal.
“Aún no hemos logrado que se realicen investigaciones más profundas en los casos reportados de tráfico de jaguar”, agrega la bióloga Núñez y comenta que solo ha habido detenciones de las personas que realizaban el delito, como transportar los colmillos u ofrecerlos, pero no se ha llegado a conocer el resto de la cadena, es decir, de dónde vienen y a quién van dirigidos. “Para descubrir esa red de tráfico necesitamos capacitar a los fiscales, los jueces y policías. Tenemos que entender la magnitud de esta amenaza”, indica Núñez.
Otro grave problema vinculado a esta falta de interés en los casos reportados es el que expone el informe de ELI: “esos más de 300 colmillos que fueron incautados en 16 paquetes en el servicio postal boliviano no tienen casos abiertos y, lo que es peor, no existe información oficial sobre el paradero de esas piezas”. Esta información fue confirmada por el Ministerio Público a ELI.
En medio de ese escenario poco alentador ya hay recomendaciones sobre el tráfico de jaguares que deberían estar siendo implementadas y que ya se han detallado tanto en el informe de ELI como en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar —un esfuerzo entre entidades públicas y privadas para establecer una hoja de ruta para la protección del felino en Bolivia—. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de las coordinaciones entre la Policía, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, la Aduana Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente y Agua para tener claras sus funciones.
“También se necesita buscar colaboración con las autoridades chinas en La Paz e involucrar a las comunidades y empresas chinas en Bolivia para trabajar en conjunto contra este tráfico”, detalla el equipo de ELI. Con un nuevo gobierno boliviano presidido por Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, aún es incierto el camino ambiental que adoptará el país sudamericano.
