El juicio oral y público, que ya es histórico en Chubut, por la masacre de pingüinos en Punta Tombo está en su etapa final. Este lunes, en la sexta jornada del proceso, tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa expresaron los alegatos.
Ahora, tras una intensa semana en la que declararon más de 50 testigos ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, se aguarda por la sentencia. La lectura se hará el jueves a las 11 de la mañana, según informó el tribunal.
Ricardo La Regina, el acusado a quien se enjuicia por daño agravado y crueldad animal debido a los trabajos realizados en su campo con una retroexcavadora en una zona con nidos de pingüinos, habló antes del inicio de los alegatos.
Reiteró que su intención era “que se use la tierra de manera correcta, proteger a los pingüinos y que me dejen trabajar tranquilo”. Luego, comenzaron los alegatos.
Juicio por la masacre de pingüinos de Punta Tombo: la acusación
La fiscal general Florencia Gómez, en primero lugar, pidió la condena de La Regina por los hechos ocurridos entre agosto y diciembre del 2021 en Punta Tombo y Punta Clara.
Se trata de la mayor reserva de ejemplares Magallanes del continente. “Causó un sufrimiento innecesario” a adultos y pichones “por un fin económico”, dijo la acusadora.
“La defensa técnica no ha logrado desvirtuar la prueba, ni traer prueba contra la aportada por el Ministerio Público Fiscal”, aseguró la funcionaria judicial.
En su argumentación, Gómez indicó que en los hechos protagonizados por La Regina “se destruyó, se hizo desaparecer el hábitat del pingüino de Magallanes, se desmontaron 2049 metros cuadrados con toda la flora y fauna nativa”.
Además, remarcó que lo destruido “no era de su propiedad”. “Acá nunca se debatió el derecho a la propiedad. La flora y la fauna no le pertenecen al imputado sino al Estado y la sociedad toda”, expresó la fiscal.
En relación con la acusación de crueldad hacia los animales, Gómez recordó que “quedó acreditado por lo manifestado en especialistas en pingüinos que hubo arrastre, compactación y derrumbe de nidos”.
El alegato de la defensa
Por su parte, el defensor del imputado por la presunta afectación de una colonia de pingüinos, pidió que el Tribunal del debate lo absuelva.
“Esta causa nunca debió haber llegado a juicio porque no hay ningún pingüino muerto o daño alguno producido”, expresó.
Para Ruffa, quedó demostrado que “no se pudo probar ningún pingüino o pichón muerto, ni ningún nido dañado”. Agregó que “fueron cuatro veces al lugar.
Además, entre varios argumentos, apuntó contra el doctor Borboroglu, especialista que realizó uno de los informes técnicos. “Invadió una propiedad privada para realizar un informe, utilizaron drones, pero no agarraron una sola pala para hallar un solo pingüino muerto”, sostuvo el abogado.
“Acá se exhibió un video de alto contenido emocional, con dos pingüinos muertos, pero al costado del camino, sin realización de autopsia alguna que permita determinar la causa de la muerte de esos animales”, indicó.
Destacó que “no hay nada dañado porque no afectó nada ajeno, ya que se trata de un bien inmueble de propiedad de su padre y del cual el imputado es administrador”.
Expresó, además, que los funcionarios públicos que brindaron sus testimonios en el juicio, se expresaron de manera “confusa” al momento de las condiciones o requisitos para solicitar un estudio de impacto ambiental.
La masacre de Punta Tombo
Al realizar el camino con máquinas de alto porte, aplastó 140 nidos de pingüinos -aproximadamente se encuentran tres pingüinos por nido, en una zona de alta densidad de pichones que va a tener crías desde Magallanes a la reserva- y electrificó a otro centenar en la reserva.
Los hechos también provocaron la muerte de 292 pichones y huevos de la especie y la pérdida de 2000 metros cuadrados de vegetación nativa en la reserva natural provincial.
La Fiscalía explicó en su momento que se hizo en campo lindero a Punta Tombo, pegado a la reserva.
La fiscal general de Rawson, a cargo de la investigación, Florencia Gómez en menos de dos horas ordenó un allanamiento para constatar el hecho. Fue una comisión compuesta por policía montada, criminalística, investigaciones y comisaría de Rawson, gente del Ministerio, guardafauna, biólogos y miembros de CENPAT.
Casi tres años después consiguió algo histórico: el primer juicio oral y público en la Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal. Además, La Regina enfrenta una pena de hasta 4 años de prisión efectiva.
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