El debate social que se instaló en la provinica con la noticia de un coto de caza top de ciervos, que recibía turistas extranjeros en Tupungato sin contar con la habilitación necesaria, recién ahora empieza a dar cuenta de sus alcances.
El miércoles, el Concejo Deliberante tupungatino decidió por unanimidad prohibir este tipo de emprendimientos en su territorio.
En realidad, la ordenanza prohíbe la “habilitación y/o ejercicio de la caza deportiva, que incluye a los cotos de caza o instalaciones similares, cuya actividad implique la muerte por medios violentos de especies autóctonas o implantadas para estas actividades”.
Pero el texto no especifica cómo se implementará la norma. Tampoco habla de plazos, ni de controles ni de las sanciones que recibirán quienes la infrinjan.
De todas maneras, sienta un precedente y una toma de postura frente a este tema controvertido. También auspicia repercuciones directas, pues Tupungato es el departamento donde funcionan dos de los tres cotos que existen en Mendoza. El tercero está en La Paz y permite la caza de chanchos jabalíes, que no es una especie autóctona. De los que se establecieron en el territorio ahora restringido, el de La Carrera ya cuenta con la habilitación oficial y es objeto de los controles que marcan las leyes.
Apenas trascendió en los medios -hace casi dos meses- la existencia de un coto de caza exclusivo, que cautivaba a los amantes de la disciplina con costosísimos ciervos colorados traídos de Nueva Zelanda, la reacción de las organizaciones ambientalistas y protectoras de animales no tardó en aparecer.
En pocos días, las redes sociales cosecharon unas diez mil firmas que exigían a las autoridades tupungatinas expedirse en contra de esta “esta actividad violenta y criminal”. También, en ese tiempo, el senador Gustavo Valls presentó un proyecto de ley para impedir que se creen ámbitos de desarrollo de la caza deportiva, tanto de especies autóctonas como extranjeras, en la provincia. “Pasó a comisiones y habrá que esperar al próximo año para debatirlo a menos que el Ejecutivo lo tome como propio, que no lo creo viable”, dijo.
La ordenanza basa sus argumentaciones en la Declaración Universal de Derechos de los Animales -sancionada por la ONU en 1978-, al riesgo que implica para la fauna autóctona la inclusión de especies foráneas y la mala ecuación costo-beneficio que estos emprendimientos implican para Tupungato.
“No dejan nada al departamento. Quienes siguen esa disciplina se manejan con un circuito cerrado. Encuentran todas las comodidades en el mismo sitio y ni siquiera se detienen a observar el paisaje local”, justificó Alfredo Nuñez, el radical que presentó el proyecto.
Leyes nacionales y provinciales permiten los cotos, aunque deben respetar un sinnúmero de requisitos y disposiciones legales para instalarse. Al respecto, el director de Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, expuso que “aquí no se da una contradicción legal ni una ley es superior a otra. Se trata de jurisdicciones diferentes. Lo tupungatinos tienen todo el derecho a decidir que actividades quieren desarrollar y fomentar en su geografía”. Además, el funcionario informó que no han recibido nuevos pedidos de apertura en este tipo de rubro.
Si bien es la Dirección de Fauna la que debe dar el permiso final a quien quiera instalar un coto, uno de los requisitos es contar con la habilitación comercial y del establecimiento físico que sólo expide el municipio.
Gisela Manoni
Los Ándes
