La reciente muerte masiva de peces en el lago de Embalse, Calamuchita, revela un problema ambiental profundo que las autoridades vienen ignorando.
Mientras el gobierno provincial y municipal intentan adjudicar las causas a factores circunstanciales como la baja de oxígeno o la acumulación de residuos orgánicos, la realidad es más grave: la contaminación química en el embalse de Río Tercero y sus efectos devastadores sobre los ecosistemas acuáticos.
Informes científicos de finales de 2023 ya advertían sobre los niveles alarmantes de arsénico y mercurio en los peces del embalse, derivados de actividades industriales sin la debida regulación. A pesar de estos hallazgos, el gobierno provincial optó por hacer oídos sordos a las alertas, priorizando los intereses empresariales sobre la salud de la población y el medioambiente. El municipio ha sido cómplice al no controlar las empresas que vierten sus residuos en los ríos.
Desastre ambiental en curso
Hoy, la muerte de peces en el lago de Embalse evidencia la interconexión entre estos cuerpos de agua y la magnitud del desastre ambiental en curso. Los contaminantes, acumulados durante años, afectan no solo a la fauna acuática, sino también a las comunidades cercanas que dependen de estos recursos hídricos. Esta situación es el resultado directo de la inacción del gobierno provincial, que ha preferido mirar para otro lado mientras los ecosistemas se degradan y la salud pública se pone en riesgo.
Este desastre ocurre en un contexto de ajuste brutal tanto a nivel nacional como provincial, desfinanciando las políticas ambientales y dejando sin recursos a los organismos de control.
La falta de presupuesto y voluntad política para la protección ambiental facilita que se multipliquen escenarios como el del embalse de Río Tercero. La adhesión de Córdoba al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) podría empeorar la situación al facilitar inversiones depredadoras sin control ambiental. La tragedia ambiental que afecta a Calamuchita podría replicarse en toda Córdoba si se implementan políticas que priorizan los negocios sobre la vida.
Necesidad de un control efectivo ante la muerte de los peces
Es imperativo que el saneamiento del embalse y del río se realice bajo un control popular efectivo. No podemos confiar en un gobierno que ha demostrado estar al servicio de las industrias contaminantes. La remediación ambiental, el control sobre las empresas responsables y el monitoreo de la calidad del agua deben estar en manos de las asambleas ambientales y populares, donde los vecinos, organizados, tomen las riendas del futuro de su territorio. Solo con el protagonismo de la población se garantizará un verdadero control sobre las acciones necesarias para la protección del ambiente y la vida.
Estas empresas contaminantes también realizan una súper explotación laboral que incluso llega a despedir masivamente a sus trabajadores. Un claro ejemplo son los alrededor de 125 despidos anunciados en la Petroquímica de Río Tercero.
Urgencia de medidas drásticas
No basta con promesas vacías de las autoridades. La urgencia de la situación exige la implementación inmediata de medidas drásticas para frenar la contaminación, establecer un control obrero y popular sobre las industrias y asegurar la inversión en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Los habitantes de Córdoba y la biodiversidad que depende de estos ecosistemas no pueden seguir siendo víctimas de la negligencia gubernamental. La lucha por el agua, los ríos y la vida no puede esperar.
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