La desesperación se apoderó de los vecinos y proteccionistas de Puerto Deseado (Santa Cruz) tras la sanción de la ordenanza municipal 6933/18 que autoriza el sacrificio de los animales urbanos que viven en las calles de esa ciudad petrolera.
La razón que dieron las autoridades firmantes es ‘la elevada tasa de animales en las calle’, situación a la que no se habría llegado si existiera campaña de esterilización masiva, pública y gratuita. Este municipio santacruceño tampoco cuenta con refugios para perros y los que existen son sostenidos por proteccionistas y voluntarios.
Qué dice la ordenanza que permite eutanasiar perros como método de control poblacional
La nueva ley municipal lleva las firmas de Juan Raúl Martínez —presidente del Concejo Deliberante de Puerto Deseado— y de Constanza Patek Cittanti —secretaria general del organismo—, y arranca con un visto que asegura: ‘La problemáticade perros sueltos en la vía pública se ha vuelto una situación crítica imprescindible a solucionar; apelando a la conciencia de la tenencia responsable de los mismos como así el abordaje y regulación de perros domésticos’.
Además, entre sus considerandos determina que ‘es función del Estado solucionar el problema de la proliferación de perros domésticos que conlleva a situaciones de riesgo para la población por mordeduras y contagio de enfermedades zoonóticas’.
La ordenanza de 13 páginas también se refiere a los perros que ‘impiden la libre circulación’, a los que por buscar alimentos en las calles ‘provocan roturas de bolsas de residuos generando contaminación ambiental’ y sostiene como una necesidad ‘regular la tenencia de perros potencialmente peligroso’ como método preventivo.
Respecto al abandono de perros, consecuencia que esta norma podría acrecentar, dice: ‘Alimenta la conformación de jaurías de cimarrones o asilvestrados’ que atacan al ‘ganado’ generando ‘perjuicio económico’.
Lo que más asusta de este texto es la implementación de chips, la distinción entre perro callejero, cimarrón, domésticos, vagabundo y abandonado; y un extraño concepto que trataría como sinónimos al sacrificio y la eutanasia.
‘La ordenanza empieza hablando de la tenencia responsable y hace una fundamentación que más bien es una especie de demonización de los animales, tomados como fuente de todos los peligros y enfermedades. En ningún lugar habla de la ausencia del Estado’, sentenció Graciela Fayt, abogada animalista.
En ese tono señaló: ‘(Esta ordenanza) culpabiliza a la gente deslindando toda responsabilidad del Estado. Cuando dice que ‘el abandono de perros alimenta la conformación de jaurías cimarrones o asilvestrados…’ debería decir que la falta de control de la sobrepoblación es lo que ha creado las jaurías y el descontrol en la reproducción, pero sin embargo se habla del abandono de los animales culpando a la gente’.
‘Esta ordenanza, dice, tiene por finalidad ‘preservar la salud, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos y a los perros vagabundos y/o abandonados’. En realidad cuando se refiere a los ciudadanos debería referirse a los habitantes, que son dos cosas distintas. No se puede proteger solamente a los ciudadanos, gente que vive ahí y que puede que no tenga ciudadanía’, diferencia Fayt al analizar la ley local en forma completa.
Sigue: ‘Lo más preocupante es el párrafo que dice: ‘En caso de un eventual brote de rabia, es necesario acotar el peligro que esto generaría a la salud de la población no solo en zona urbana sino rural’. Según los organismos de sanidad, incluso el Ministerio de Salud Pública, la OIE y la OPS dicen que el 70% de los animales tienen que estar vacunados contra la rabia para que no exista riesgo de un brote. Una de las necesidades imperiosas de controlar la sobrepoblación es que a mayor cantidad de animales, mayor debe ser la cantidad de vacunados. En caso de un eventual brote de rabia las autoridades son culpables porque, en este caso en particular, gastan el dinero en chipeado en lugar de estar vacunado a todos los animales y castrándolos. En eso es en lo único que deberían estar poniendo dinero’.
El articulo 2 se refiere al raro concepto de ‘sacrificio eutanásico’, lo que define como ‘Acto por el cual se provoca la muerte del perro de una manera plácida, sin dolor, temor o ansiedad que se realiza para evitarles sufrimientos o siempre que concurran motivos sanitarios y ambientales, justificados y lleve a cabo personal facultativo autorizado’. ‘El concepto ‘sacrificio eutanásico’ no existe. O es sacrificio o es eutanasia’, enfatiza Fayt.
Esto último se realiza sólo cuando el animal está en estado terminal, agónico, con certificado y estudios que prueben que ya no puede ser aliviado de su dolor ni con medicación. Además, se tiene que documentar, certificar y explicar por qué se llega a ese punto y qué se hizo para mantener su vida. ‘De lo contrario se la considera una práctica normal de desaparición de animales, que llaman equivocadamente control de la población, pero no se la controla matándolos’, sentenció Fayt.
A eso añadió: ‘Este articulo es muy preocupante porque el sacrificio es matar animales sanos, matar es matar. Eutanasia es otra cosa totalmente distinta. Son dos términos que se contradicen porque no existe un sacrificio eutanásico y además habla de una muerte plácida… ¿Cuál es la manera? Esto es improcedente en estos términos porque justifica y permite la matanza. Dice: ‘motivos sanitarios y ambientales, justificados y lleve a cabo personal facultativo autorizado’… ¿Qué quiere decir eso?’
Otro de los puntos que se cuestionan es el chipeado. ‘El registro de dueños fracasó en todos los municipios en los que se quiso implementar y tuvieron que dar marcha atrás porque la gente lo percibe como un impuesto —explica Fayt— porque se debe pagar el chip y controlarlo cada seis meses para saber que está en el animal y que su cuerpo no lo expulsó. Eso también permite a los veterinarios tener el registro de las personas y que la gente se empiece a sentir perseguida. Es absolutamente contraproducente. La gente lo llama ‘el impuesto al perro’‘, aseguró.
A ello se suma la obligación de abonar un canon fijado en una tarifa anual para colocación de ese chip y del costo de la esterilización. ‘Los concejales dicen que no hay dinero para castrar y que en realidad se hizo cuando estuvo el programa ‘Pro tenencia’, pero por qué el municipio gasta el dinero que debiera estar destinado a la castración. ¿De qué vale tener perros chipeados sin castrar?‘, cuestiona pregunta la abogada.
Otra punto que atenta contra los pobres animales es la aplicación de una pena a las personas que ofrezcan agua y alimentos a los perros en las calles. ‘Piden que sean tratados como si fueran enemigos públicos, pero el instinto de supervivencia es mayor y estos animales no van a morir. Van a formar jaurías porque es lo que están promoviendo con esta reglamentación absurda‘, sentenció Fayt.
Fuente: Infobae
