La Justicia uruguaya se pronunció en contra de un proyecto impulsado por un consorcio privado para la extracción de agua del Río de la Plata y posterior potabilización y transporte, en respaldo al pedido de científicos y organizaciones sociales que alertaban sobre los impactos económicos, sociales y ambientales de la iniciativa.
“Nosotros y los científicos nos hemos aburrido de decir que diseñar una estrategia para dar agua potable a una población no es propiedad de una empresa de agua.
Estos proyectos requieren sentarnos a una mesa todos los involucrados, porque tiene muchas aristas desde el punto de vista social, económico y ambiental”, dice Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) de Uruguay, al sintetizar por qué rechazan la construcción de una planta en la zona de Arazatí, Departamento de San José, la que abastecería a la zona metropolitana de Montevideo.
Esa Comisión —integrada por números grupos sociales del país— junto con la agrupación local Tucu Tucu interpuso con éxito una medida cautelar ante la justicia asistida por la Clínica de Litigio Estratégico de Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La demanda fue recientemente aceptada por el juez interviniente Alejandro Recarey, a quien el Ministerio de Salud Pública, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Ministerio de Ambiente buscaron recusar, sin éxito.
“Nuestra Constitución, que reformamos en 2004, dice que el agua potable y el saneamiento deben estar prestados pura y exclusivamente por servicios públicos estatales. Pero también dice que la gestión de los recursos hídricos debe contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía”, dice Sosa al portal SciDev.Net.
Recarey dictó una medida de “no innovar” que impide a OSE la firma de un contrato con el consorcio privado de Aguas de Montevideo por el Proyecto denominado Neptuno, que incluye el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura. Las organizaciones cuentan ahora con 30 días para presentar la demanda que dará inicio al juicio.
Para Sosa “se ganó una batalla, pero no la guerra”. “Logramos que la ciudadanía se enterara de qué iba a pasar si el proyecto se hace, porque hasta ahora se manejó todo con secretismo”, afirma.
La CNDAV, junto con el sindicato de trabajadores de OSE y varios grupos de la sociedad civil, impulsó un plebiscito sin precedentes en el mundo, en 2004, que llevó a reformar la Constitución uruguaya estableciendo que la gestión del agua debería realizarse exclusivamente en forma pública, participativa y sustentable.
Por otra parte, diferentes grupos de investigadores presentaron argumentos en contra como la inconveniencia de seleccionar como fuente de agua al Río de la Plata y en particular, la zona de Arazatí. Entre otras causas, referencian contaminación de cuencas y efluentes sobre los cuales se carece de soberanía, altos niveles de salinidad y la frecuente ocurrencia de floraciones de cianobacterias.
“En 2019 empezamos a estudiar la presencia de cianobacterias en la zona demostrando que más de la mitad de los meses del año tendríamos floraciones en Arazatí, punto elegido para la obra y zona de mayor ocurrencia de floraciones de fitoplancton”, dice a SciDev.Net Bernardo Zabaleta, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), en Montevideo.
Autor principal de uno de los trabajos publicados en revistas internacionales, Zabaleta explica que, de lograrse eliminar las toxinas del agua, la gente terminaría pagando los costos del tratamiento.
Once investigadores fueron convocados a la audiencia judicial para informar sobre el tema. Provenían de la Facultad de Ciencias de la Udelar, de las áreas de Geografía, Limnología y del Ciencias de la Atmósfera. También asistieron representantes de Ciencias Sociales, del Centro Universitario Regional del Este y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
El proyecto también prevé la construcción de un pólder para generar un reservorio de agua dulce, que para los investigadores implicaría mayor desarrollo de cianobacterias por su escasa profundidad y mayor tiempo de residencia del agua. Además, se lo ubicaría sobre el acuífero Raigón, desconociendo su impacto sobre la dinámica subterránea del agua.
“Fue reconfortante saber que nuestra investigación es tenida en cuenta para la toma de decisiones que justamente comprometen a las generaciones futuras, en este caso no solo con el costo de la inversión sino además con los impactos sobre la salud que puede tener este proyecto”, añade Zabaleta.
Para la Asociación de Limnología del Uruguay, que emitió un comunicado luego de la medida judicial, “ello demuestra la importancia de contar con especialistas que realicen aportes a la discusión de temas de interés nacional basados en evidencia científica”.
La asociación se mostró esperanzada en que esta medida lleve a repensar la estrategia para fortalecer el suministro de agua potable, “donde la protección y restauración de nuestras fuentes de agua sea el eje”.
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