El gobierno alemán quiere dedicar a partir de este año «60.000 millones de euros (casi u$s68.000 millones)» a financiar «inversiones de futuro», sobre todo para alcanzar los objetivos climáticos de la coalición, indicó su ministro de Finanzas, Christian Lindner.
Estos fondos serán tomados de «una parte» de las nuevas deudas contraídas para el presupuesto 2021 para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero que «no han sido utilizados», señaló el ministro, miembro del partido liberal FDP, quien asumió su cargo el miércoles.
Para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Parlamento alemán autorizó al gobierno a comienzos de este año a solicitar préstamos por un monto de 240.200 millones de euros, cifra récord en un país habituado a la sobriedad presupuestaria.
Sin embargo, Berlín no necesitará utilizar todos estos fondos, que estaban destinados a financiar la ayuda a las empresas y a los seguros de paro parciales, pese a que el país enfrente un aumento de casos.
Así, el gobierno del nuevo canciller, Olaf Scholz, quiere utilizar este dinero ‘sobrante’ para invertirlo en la transición energética y la digitalización de la economía alemana.
Un proyecto de financiación corregido será presentado a tales efectos el próximo lunes durante el Consejo de ministros, declaró Lindner en una conferencia de prensa.
Los primeros pasos de este adepto a la ortodoxia presupuestaria al frente del Ministerio de Finanzas están en el punto de mira, puesto que el gasto público fue uno de los puntos de fricción en las negociaciones para formar el gabinete de coalición.
Sus socios socialdemócratas, y sobre todo los ecologistas, propugnan una mayor flexibilidad presupuestaria y tienen en las inversiones masivas una de sus prioridades, esenciales para que Alemania se «descarbonice» y digitalice su economía.
Este plan de 60.000 millones de euros será «un estímulo para la economía nacional», prometió Lindner.
El objetivo es también inflar los montos de nuevos gastos lo más alto posible antes de regresar a la disciplina presupuestaria, que la coalición planea a partir de 2023.
El «freno al endeudamiento», consagrado en la Constitución alemana, requiere que el gobierno no solicite préstamos por encima del 0,35% del PIB cada año.
