Una investigación reveló que en la Argentina hay 107 plaguicidas que están prohibidos o no autorizados en otros países. Y de ese total, 36 -es decir el 33%- son productos altamente peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
“Hoy podés comprar plaguicidas en una ferretería, en lugares donde venden alimentos para mascotas, incluso en los supermercados. Tenemos una venta muy flexibilizada y la gente hace uso de ellos sin conciencia de los efectos”, afirmó Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) que nuclea a instituciones, asociaciones y universidades de 11 países de la región que investigan, capacitan y denuncian los efectos nocivos de estos productos en la salud socioambiental.
Y, en declaraciones a a La Nueva Mañana, agregó: “Está tan naturalizado el acceso y uso de los plaguicidas que también en forma cotidiana se utilizan en las plazas, sobre los animales y hasta en el pelo de los niños con los piojicidas”.
Entre los plaguicidas fuertemente dañinos, que fueron vedados en otras regiones del mundo por su peligrosidad y posibilidad de generar deterioros crónicos en la salud de las personas, se destacan los herbicidas “Atrazina”, usado para controlar el crecimiento de malas hierbas en la agricultura y el “Paraquat”, aplicado tanto en el cultivo del tabaco como en el de hortalizas.
El medio litro de glifosato marca Roundup, un “potente preparado que elimina todo”, se ofrece en Internet a $850. En la Argentina se utilizan 200 mil litros por año para fumigaciones. Cabe recordar que esta marca de herbicida, perteneciente a Monsanto-Bayer, es la misma por la que un jurado de la corte estatal de Oakland, en California, Estados Unidos, dictaminó esta semana que el gigante químico debía indemnizar a una pareja con el pago de 2.045 millones de dólares por causarle linfoma no hodgkiniano tras la exposición reiterada ante el producto. El jurado determinó que la compañía había actuado de forma negligente al no advertir sobre los riesgos asociados a este herbicida.
Souza Casadinho, que trabaja hace 33 años con productores rurales, advierte que muchos de ellos tienen arraigada la idea de que “pueden manejar” sin riesgos los agrotóxicos. “Hay una especie de resistencia. Sobre todo en las producciones más extensivas, muchas veces el productor no vive en el predio y entonces ni siquiera toma dimensión de lo que está pasando y naturaliza el uso de plaguicidas”, señala el ingeniero agrónomo.
Según el especialista hay desconocimiento de los efectos de la exposición prolongada a estos productos, mientras que otros argumentan que no tienen otra opción porque deben trabajar. Algunos, simplemente, lo aceptan como un “fatalismo” y “naturalizan” los daños que genera en la salud.
Hay varios motivos por los cuales se llegó a este punto; por un lado, la dependencia de los plaguicidas se fue incrementando en los últimos años con la expansión de los monocultivos y en este contexto del sistema establecido, Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo respecto a la utilización de semillas transgénicas. Por otro lado, tiene que ver con situaciones en las cuales se va creando dependencia de los químicos “que permearon tanto en la soja, el tabaco y también en los árboles frutales y las hortalizas”, dice Souza Casadinho.
Se conjugan así algunos elementos, como la falta de regulación sobre plaguicidas que en otros lados están prohibidos y también la inacción de implementar políticas de Estado que antepongan la salud de las personas sobre el lucro.
En este contexto, Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, especializado en química orgánica e investigador del Conicet en la Universidad de La Plata, halló en sus investigaciones que la atmósfera está contaminada y el agrotóxico además puede encontrarse en el agua de lluvia, también está presente en los productos elaborados a través de los cultivos resistentes al glifosato, como el algodón.
Los efectos de los agrotóxicos son nocivos y falta regulación. Según el registro de tumores de la provincia de Córdoba en los departamentos del interior se duplica la muerte por enfermedad de cáncer. En todo lo que es la pampa del sudeste provincial la tasa de mortalidad de cáncer es superior. Los registros muestran que hay 135 casos de cáncer en Córdoba capital cada 100 mil habitantes y en el interior provincial, en Marcos Juárez, San Justo, todo el sudeste, hay 269 casos de muertes por cáncer cada 100 mil habitantes. Y Canals es un caso muy notorio, desde el 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de 2018, es decir, en un año, murieron 111 personas en total, de las cuales 75 fueron por cáncer.
