Desde hace unos años se ha hecho más evidente la relación entre los derechos humanos y el cambio climático. Este vínculo fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no sólo por los asuntos relacionados con los efectos del cambio climático sino también por la importancia de garantizar el acceso a la justicia climática.
Este derecho a la justicia se vuelve fundamental a la vista de que América Latina se ha convertido en la región más peligrosa para el activismo ambiental. Según un reciente estudio de Global Witness, en 2016 fueron asesinados 200 activistas latinoamericanos, la cifra más alta hasta la fecha. El asesinato de la hondureña Berta Cáceres, por su oposición a un proyecto hidroeléctrico, es el más emblemático de los ataques recientes a ambientalistas.
Abordar las cuestiones ambientales desde una perspectiva de derechos también implica velar por el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones en los proyectos ambientales.
Significa garantizar a los ciudadanos la posibilidad de conocer el estado del medio ambiente, de expresar su opinión y de exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de las autoridades. Esto es clave para América Latina ya que impulsará la lucha contra la corrupción y contribuirá a una mejor gobernabilidad ambiental.
Estos derechos relacionados al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales están incluidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Hace cinco años un grupo de países de América Latina decidió trabajar en un instrumento legal que regule la aplicación de este principio y conformó un comité de negociación para tal fin. A fines de julio, se organizó en Buenos Aires la séptima reunión de este comité, bajo la coordinación de la CEPAL.
