Los vecinos de Puerto Iguazú resisten una desigual embestida del gobierno que busca imponer en el Parque Nacional –cuyas célebres cataratas fueron declaradas, en 2011, una de las Siete Maravillas naturales del mundo– una serie de negocios inmobiliarios que beneficiaría a un puñado de empresarios, en desmedro del grueso de los lugareños. Organizaciones locales y ambientalistas denuncian la maniobra, que no contempla el cuidado del entorno natural y descuida, además, la infraestructura de la ciudad.
Iguazú está en alerta desde el 4 de diciembre, cuando el secretario de Turismo Gustavo Santos y su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, presentaron el programa ‘Oportunidades Naturales’, con la idea de atraer ‘inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos en áreas naturales protegidas del país’. Del evento, realizado en Casa Rosada, participaron inversores extranjeros que estudiaron con atención las ’37 oportunidades’ identificadas por el gobierno para que los privados inviertan ‘en alojamientos y actividades turísticas dentro de los Parques Nacionales’.
Las Cataratas representan una de esas oportunidades: allí se busca instalar, en unas 12 hectáreas, servicios de ‘glamping’, hotelería y restaurantes, entre otros servicios.
‘La biodiversidad se va a ver afectada. El pernocte de la gente que se va a alojar dentro del parque echará por tierra todo el proceso de recuperación de la selva. Le pedimos a Parques que se expida oficialmente sobre este proyecto’, explica a Tiempo José Barrios, miembro de la Fundación Amigos de los Parques. La respuesta no fue la que pretendían: ‘Nos dijeron que siguen adelante, y que en febrero licitarán las obras’.
Barrios explica que solicitaron a los organismos intervinientes ‘un estudio técnico-ambiental, social y económico del proyecto, que además afectará a la ciudad de Iguazú, porque es allí donde hoy se alojan los turistas y de donde parten para recorrer el parque’. La fundación, aclara, no está en contra de mejorar la calidad de las instalaciones existentes en el parque. ‘Con lo que no podemos estar de acuerdo es que se alojen dentro. Es sencillamente un negocio para los empresarios en perjuicio de un pueblo’.
En igual sentido se expresó la diputada nacional por Misiones María Cristina Brítez (Unidad Ciudadana), cuando a mediados de diciembre sostuvo en el Congreso que en la comunidad de Iguazú reinaba la incertidumbre: ‘En 1984, Unesco declaró al parque Patrimonio de la Humanidad, pero no para oportunismos empresariales como los que estamos presenciando hoy, ambiciones desmedidas sin conciencia ambiental’. De hecho, Barrios puso en conocimiento a Unesco de las intenciones del gobierno y desde el organismo internacional le aseguraron en una misiva –a la que Tiempo tuvo acceso– que monitoreará el caso.
Brítez agregó que ‘los funcionarios nacionales han venido a Misiones a relativizar el daño ambiental sin tener un acabado conocimiento. Que no nos tomen el pelo’.
A fines del año pasado, los concejales de Puerto Iguazú declararon por unanimidad –incluidos los dos ediles de Cambiemos– el estado de alerta. ‘La ciudad está rodeada de jurisdicción federal. Nos cuesta percibir ingresos de la fuente que más los genera, que son las Cataratas. Los tres concesionarios que están adentro no tributan al municipio y recién comenzaron a pagar una tasa para que se les recoja la basura que generan luego de un importante conflicto con la intendencia’, describe el presidente del Concejo Deliberante local, Juan José Raynoldi, que explica que todos los partidos políticos hicieron causa común con la problemática.
‘Este tipo de inversiones produce una mayor grieta : los turistas tendrán menos motivos para alojarse en la ciudad’, continúa Raynoldi, y concluye: ‘Sufrimos un gran crecimiento demográfico en los últimos años y tenemos serios problemas de infraestructura básica. Pensamos que con el Plan Belgrano bajarían obras de cloacas, agua y gas, pero nunca llegaron. Si van a venir inversiones, queremos beneficiarnos todos’.
