Bolivia pretende recuperar alrededor de 3,4 millones de hectáreas de bosques y vegetación afectada en los grandes incendios forestales de 2019, en lo que se considera uno de los mayores desastres naturales de la historia reciente del país.
El plan de prevención para evitar nuevos desastres ambientales por el fuego “no tiene precedentes” y “se activa con muchos meses de antelación” a la etapa de riesgo, dijo este lunes la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, durante su presentación en Santa Cruz, capital de la región homónima y que sufrió especialmente esos grandes incendios.
Una primera fase incluye el Programa Nacional de Preparación y Alerta para “la formación de bomberos profesionales y de cultura ciudadana para cuidar el bosque“, indicó Áñez.
Además está el Programa Nacional de Respuesta y Rehabilitación, vinculado a un plan de “reforestación” para regiones como la Chiquitania, una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía que fue muy castigada por el fuego.
La planificación “pretende restablecer los medios de vida sustentable de más de 3.400.000 hectáreas mediante la recuperación, restauración y regeneración de las zonas afectadas por los incendios de 2019”, señala un comunicado de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Santa Cruz fue el departamento más afectado por los fuegos entre julio y octubre de 2019, con más de cuatro millones de hectáreas afectadas, principalmente en el bosque seco chiquitano, además de áreas protegidas y de patrimonio natural por su biodiversidad.
No obstante, los datos ofrecidos por la ABT mencionan que son más de cinco millones de hectáreas, si se toman en cuenta otras zonas de riqueza natural en la Amazonía, el Chaco, llanuras inundables y pantanos.
La medida gubernamental llega después de la aplicación de un plan de emergencia en los primeros meses posteriores a la tragedia, en los que se atendió a comunidades y poblaciones indígenas afectadas por el desastre.
Algunas ONG, como la Fundación Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), han sostenido que la pandemia por la COVID-19, por la que atraviesa Bolivia desde marzo pasado, ha interrumpido en las medidas que debían asumirse.
Otras organizaciones como la Fundación Solón han criticado que el Gobierno interino no haya desarrollado acciones como la anulación de decretos o leyes, emanadas desde el anterior Ejecutivo y el Parlamento, que incentivan quemas en bosques bolivianos con fines agrarios.
Al respecto, Áñez señaló que su administración ya denunció por inconstitucionalidad una de las leyes que fomentaba los “chaqueos” o quemas con esos fines, aprobadas durante la gestión de Evo Morales.
Un reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia dio cuenta de que en julio de 2020 los incendios forestales han aumentado, ya son 16.826, en relación al mismo mes del año pasado, cuando hubo 14.976 focos de calor.
