El pasado 17 de marzo, cinco días después de que la contaminación ambiental excediera los niveles seguros para la salud en París y las áreas colindantes, las autoridades decidieron restringir la circulación vehicular en la ciudad, medida que no se aplicaba en la Ciudad Luz desde 1997. Ante las críticas recibidas entonces por la tardanza en reaccionar, la municipalidad parisina se apronta a presentar la próxima semana un proyecto integral para descontaminar el aire de la capital francesa, que incluye el relanzamiento de un plan que veta y/o restringe el ingreso a ciertas zonas de la ciudad para aquellos vehículos considerados más contaminantes.
El plan municipal, además, incluye gratuidad del transporte público en caso de que el esmog se eleve a niveles riesgosos. Esta medida tuvo un costo diario de US$ 4 millones. El proyecto también rebaja la escala para decretar medidas ambientales. Si actualmente el nivel para declarar una alerta pública es 80 microgramos de partículas finas (de 10 micras, PM10) por metro cúbico de aire, en el futuro el límite podrían ser 50 microgramos.
Tan pronto como el smog alcance el nuevo peak de contaminación, los estacionamientos residenciales pasarán a ser gratuitos. Si pese a ello las medidas no funcionan, se prevé que al segundo día de alerta el servicio municipal de arriendo de bicicletas y de automóviles quede liberado de pago, según The Local. Otro de los puntos destacados del proyecto es que las autoridades les exigirán a la empresa encargada del transporte capitalino que acelere el plan para sustituir a las micros diésel.
Así como París se prepara para posibles nuevos episodios críticos, Madrid tampoco se queda atrás. Según un plan de movilidad al que tuvo acceso el diario español El País, la alcaldía de esa ciudad pretende “restringir la capacidad de circulación y estacionamiento” en el centro de la ciudad, favoreciendo al transporte público, al peatón y los traslados en bicicletas.
Se plantea, asimismo, limitar el uso de estacionamientos a un máximo de dos horas, incrementar en un 25% las áreas peatonales (no sólo transformando calles en accesos peatonales, sino que también ampliando aceras y reduciendo pistas), ampliar la red de ciclovías y aumentar el servicio público de arriendo de bicicletas eléctricas de 1.580 a 3.300.
El plazo para aplicar el proyecto ambiental madrileño partiría este año y finalizaría en 2020.
