Días atrás se conoció una histórica decisión de la Corte Suprema de Países Bajos, clave para el ambiente como para las personas. La decisión de ese máximo tribunal fue ratificar un fallo anterior por el que se obliga al Estado a poner en práctica medidas para conseguir en 2020 (antes de acabar el año) una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 25%, en relación a las emisiones registradas en 1990.
La resolución de la Corte Suprema llega después de un largo y singular proceso judicial iniciado por la asociación ambientalista Urgenda, con el apoyo de 886 codemandantes particulares, el año 2013.
La base de la demanda consideraba que el estado de Países Bajos, como responsable de la atención a la salud de la población y la protección del medio ambiente, tiene también la obligación de adoptar medidas que hagan posible estos objetivos.
“Una decisión histórica”, según la asociación ambientalista Urgenda, principal promotora de la demanda. “La decisión judicial sobre cambio climático más importante en el mundo hasta ahora”, afirma de la joven activista Greta Thunberg.
Como base de la demanda se tomaron diversos informes científicos internacionales que requerían que antes de finalizar el año 2020 se aplicasen medidas para conseguir una reducción del 25% de las emisiones de gases de efectos invernadero en el conjunto de Países Bajos, en relación a los datos de emisiones de 1990.
La Corte ratificó una primera decisión judicial a favor de los demandantes que fue dictada en 2015 por un tribunal regional de La Haya pero el Estado presentó recurso y no fue hasta 2018 que se confirmó esta primera resolución. El Gobierno volvió a apelar y tuvo un nuevo revés.
La asociación Urgenda considera que la decisión definitiva de la Corte Suprema es un éxito no sólo para la población de su país sino también para el conjunto de la humanidad, puesto que puede servir de ejemplo para demandas de este tipo en otros países.
La joven activista Greta Thunberg considera que la decisión judicial de este caso es “la confirmando que los derechos humanos están en peligro por la emergencia climática y que las naciones ricas están legalmente obligadas a lograr reducciones de emisiones rápidas y sustanciales”.
Para el máximo tribunal de Países Bajos los ciudadanos tienen derecho a reclamar acciones del gobierno ante problemas como la crisis climática. Y la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero suponen una amenaza para la población.
