“No sólo ha sido una lucha contra Monsanto, sino contra todo el modelo de desarrollo agroindustrial que se ha impuesto en México y que nos está perjudicando”.
Así es como Leydy Araceli Pech Martín, una apicultora maya de 55 años, resume una batalla legal contra los pesticidas y los transgénicos que lidera desde hace casi 10 años y que le llevó a enfrentarse al mayor fabricante de semillas del mundo.
La “guardiana de las abejas” o “dama de la miel”, como le dicen algunos, vive en una aldea en Hopelchén, en la península de Yucatán, un territorio fuertemente afectado por la deforestación y la contaminación tóxica de la agricultura industrial, que perjudica especialmente a ecosistemas de los que dependen las abejas.
Pech tiene unos cuantos colmenares que sustentan su economía familiar. Junto a otras mujeres de la zona, se dedica a la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años.
Su mayor logro fue encabezar una coalición para detener la siembra de soya genéticamente modificada por la empresa Monsanto en el sur de México. La Corte Suprema dictaminó que el gobierno había violado los derechos de los mayas y suspendió su siembra. Gracias a su empeño, se revocó el permiso gubernamental a Monsanto para cultivarla.
Este lunes 30 de noviembre, Pech recibió un Goldman, el premio ambiental más importante del mundo, por su “lucha histórica”, que es “un modelo para otros movimientos de lucha indígena en la protección de sus derechos y de sus tierras”, dijo la Fundación Goldman, que otorga el galardón anualmente a seis personas.
Ella espera que ganar el Goldman sirva para visibilizar los problemas que enfrenta su pueblo y seguir adelante con una batalla que no da por concluida, y de la que, asegura, nunca desistió.
“Desde que inicié esta lucha, empresas y gobiernos quisieron hacer ver que no era nadie y que no iba a servir para nada. Sin embargo, eso no me paralizó; al contrario, hizo que buscara más aliados. Encontré la fuerza en la unidad del pueblo maya”, reflexiona.
Lo que sigue es una síntesis de su diálogo telefónico con BBC Mundo.
La empresa Monsanto (adquirida en 2016 por la farmacéutica Bayer) controla el 90% del mercado internacional de semillas y es líder mundial en la producción de herbicidas. Tú tienes un terreno de apenas dos hectáreas para cultivar miel, del que vive tu familia. ¿Cómo fue enfrentarse a una gran multinacional desde una posición tan “pequeña”?
No fue fácil. Lo más difícil fue, en primer lugar, entender la complejidad y los daños que causaría el permiso que el gobierno mexicano había otorgado a Monsanto para la siembra de soya transgénica en los territorios de comunidades mayas de Hopelchén. Como pueblo indígena, nosotros desconocíamos el impacto que tendría ese permiso.
Lo primero que quisimos fue entender qué significa transgénicos. Para empezar, ni siquiera sabíamos qué era la soya GM (genéticamente manipulada) ni los daños asociados a ese cultivo.
Una vez que logramos comprender las afectaciones que nos traía esa siembra de soya transgénica en nuestros medios de vida, especialmente en la apicultura, decidimos organizarnos, hacer una unidad del pueblo maya de Hopelchén. Entonces interpusimos dos amparos (uno como comunidades indígenas y otro como organizaciones de apicultores).
Fue algo histórico porque nunca habíamos tenido un proceso así en la península de Yucatán.
Esa lucha que nosotros iniciamos también nos ayudó a comprender la interacción que tenemos las comunidades mayas con el medio ambiente y la naturaleza. Nos dimos cuenta de que vivimos amenazados, de que vivimos en riesgo. Eso nos movió a organizarnos e iniciar nuestra defensa.
Del 2011 al 2012 —cuando nos enteramos el permiso del gobierno a Monsanto— interpusimos nuestro amparo y empezó nuestro proceso legal. Llegamos hasta la Suprema Corte, que el 4 de noviembre del 2015 fue favorable a otorgarnos una consulta, cuyo proceso se inició en abril de 2016. Pero hubo muchas complejidades.
¿Por qué? ¿Qué pasó desde entonces?
La consulta nos dio la oportunidad de visibilizar los problemas que estamos enfrentando por la siembra de la soya transgénica. Desde entonces, hay un acuerdo que obliga al gobierno mexicano a consultar a los pueblos indígenas sobre esos cultivos. Fue un logro muy importante, sin duda.
El problema es que la consulta traía un protocolo con el que no nos vimos identificados, así que construimos nuestro propio protocolo. Eso nos ha llevado a una confrontación de acuerdos con el gobierno.
El gobierno dice que la consulta debe ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Sin embargo, ninguno de estos principios se respeta. Por ejemplo, se usa un lenguaje muy técnico que dificulta nuestra comprensión.
Veíamos que estaba surgiendo una violación a nuestros derechos, así que rechazamos esa consulta.
Desde el 2016 hasta el 2018 iniciamos una nueva consulta, pero nunca pasamos de la primera fase de acuerdos previos porque nos querían imponer un protocolo que nosotros nunca aceptamos, ni por parte del gobierno saliente, ni del entrante [el de Andrés Manuel López Obrador, presidente desde diciembre de 2018].
Hoy en día, la consulta sigue parada porque el gobierno sigue sin querer respetar los protocolos de los pueblos indígenas. Y eso no sólo ocurre en Hopelchén o en Yucatán; hay otras luchas de los pueblos indígenas que se están dando a nivel nacional y que no se respetan.
Se están imponiendo proyectos contrarios a nuestros modos de vida.
Volviendo a Monsanto, hay una batalla que algunos dicen que sí ganaron: la revocación del permiso que tenía la empresa para cultivar soya genéticamente modificada en siete estados del país, en 2017.
Efectivamente, la revocación al permiso de Monsanto para cultivar soya genéticamente modificada en siete estados de México se dio en septiembre de 2017. Y más adelante hubo otra revocación a todos los permisos que tiene Monsanto a nivel nacional.
Sin embargo, mientras estábamos en ese proceso la empresa continuó introduciendo semillas transgénicas en nuestro territorio. Y hoy en día en nuestro municipio aún se sigue sembrando y comercializando soya transgénica en un ambiente de impunidad y de violación de derechos.
Yo creo que hace falta que las autoridades competentes aterricen e implementen esa revocación del permiso a Monsanto. A mí no me sirve que se estén revocando los permisos si me siguen fumigando, si siguen deforestando, si siguen contaminando el aire y el agua y matando a mis abejitas.
Todo lo que se está haciendo está quedando en un mero trámite.
¿Y por qué dirías que sucede eso?
Por los intereses económicos del gobierno y de las autoridades mexicanas, que no están mirando por los pueblos indígenas. Nosotros no estamos reflejados en ese modelo capitalista que viola nuestros derechos.
Para nosotros son importantes la selva, el agua, los bosques, la biodiversidad, que hemos estado cuidando y conservando ancestralmente, pero que el gobierno solo ve como recursos que no están siendo aprovechados.
Una de las cosas que seguimos defendiendo es protegernos contra los daños ambientales asociados al incremento de la agricultura industrial.
Se habla de producir alimentos de una manera que no está pensada para los pueblos indígenas, sino para las empresas. Nuestros territorios han sido despojados para hacer proyectos que nos afectan directamente, que nos hacen perder nuestro medio de vida y nos marginan aún más.
¿Qué modelo de desarrollo se está impulsando? ¿A quién beneficia? Es la discusión que tenemos hoy en día los pueblos indígenas.
Los pueblos mayas de la península de Yucatán viven tradicionalmente de la apicultura, ¿de qué manera les afecta la agroindustria?
Las abejas son nuestro patrimonio, pero están en riesgo porque cada día se está deforestando y se están incorporando monocultivos que las están matando.
Para mí es importante la conservación porque dependo de mi territorio. Las abejas sostienen mi economía y además son esenciales para la vida.
También creo que es importante hablar sobre el daño que está ocasionando el uso indebido de productos agrotóxicos como el glifosato [el herbicida más usado del mundo]. Son productos muy peligrosos que contaminan el aire, el agua y los alimentos.
Eso es algo que no sólo nos afecta a los pueblos indígenas. Nos afecta a todos y debe convertirse en una lucha de todos porque es para el bien común.
Defender ese bien común muchas veces supone arriesgar la vida, especialmente para los activistas indígenas. Sólo en 2019, en México hubo 18 registros de ambientalistas asesinados, más de la mitad de pueblos originarios (según un informe reciente de Global Witness). ¿Cómo afrontas ese riesgo?
Sí, sé que existe un riesgo, sobre todo por los intereses que se trastocan en esta lucha.
El tema de la defensa ambiental es delicado, y yo soy aún más vulnerable por ser mujer. Es complicado entrar en espacios donde hay roles establecidos por hombres no indígenas que a menudo tratan de subestimarme. Pero creo que las mujeres podemos abrir esas brechas para otras mujeres.
También lo veo como una responsabilidad. Y no sólo debería serlo de quien alza la voz; debería convertirse en una voz de muchos.
Nosotros estamos en primera línea y tenemos un mayor riesgo. A mí me fumigan a diario y matan a mis abejas. Pero se tiene que convertir en una responsabilidad social, en una responsabilidad de todos.
Todo lo que estamos defendiendo le sirve al resto del planeta. Necesitamos ayuda. La biodiversidad es la vida. Las abejas son la vida.
