La presencia de una enorme flota china frente a los límites del mar territorial insular de Galápagos ha provocado indignación entre ecuatorianos, científicos y conservacionistas del mundo. Allí, unas 260 embarcaciones se encuentran pescando principalmente pota o calamar gigante (Dosidicus gigas).
“Estamos hablando de una flota gigantesca”, dice Luis Suárez, director de la ONG Conservación Internacional en Ecuador. La sobrepesca de este recurso, además de generar pérdidas a los pescadores de los países de América del Sur que dependen de él, puede generar impactos ecológicos ya que “el calamar es un grupo funcional muy importante en el ecosistema marino”, dice Alex Hearn, Vicepresidente de la ONG Migramar. De hecho, “es la comida principal del tiburón martillo”, agrega el biólogo marino, una especie emblemática de Galápagos en Peligro Crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Debido a que esta flota se encuentra pescando en aguas internacionales o altamar —un espacio donde prácticamente no existen leyes que regulen la pesca— ni el Estado ecuatoriano ni ningún otro puede, por el momento, hacer mucho para evitar o controlar esta actividad. De hecho,“lo único que podemos hacer es monitorear y asegurarnos de que los barcos no entren [al territorio]”, explica Hearn.
Frente a este problema que los expertos asocian con la ausencia de gobernanza en altamar, actores del sector privado artesanal, industrial y de procesamiento del calamar gigante suscribieron un acuerdo para exigir que se regule y fiscalicen las flotas de aguas distantes, sobre todo la flota asiática que captura pota en aguas internacionales.
“Es un ejemplo que deberían seguir los actores públicos de buscar soluciones comunes y coordinadas”, dice el ingeniero pesquero, peruano Renato Gozzer.
La depredación del calamar gigante
El pescador Pascual Aguilera, Vocero de la Coordinadora Nacional de Jibieros de Chile, cuenta que cuando se interna en el mar para ir a capturar calamar gigante, o jibia como le llaman en su país, se encuentra con “verdaderas ciudades flotantes”.
La zona económica exclusiva, es decir, el pedazo de océano que forma parte del territorio de los países, se extiende 200 millas mar adentro desde la orilla de la playa. Lo que sigue luego es altamar o aguas internacionales donde “son muchos los barcos, son verdaderas ciudades, un cordón, una pared que se pone afuera de las 200 millas, lo que hace que los recursos prácticamente no ingresen a las zonas económicas exclusivas”, explica Aguilera. Por eso, “vemos que cada vez el recurso es más escaso, tenemos que salir a buscarlo cada vez más lejos”, cuenta el pescador.
Aguilera es parte del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), un grupo compuesto por actores de la industria del calamar en Chile, Ecuador, Perú y México. Dicho grupo se conformó hace dos años y medio “preocupados por la amenaza de la flota de aguas distantes [asiática principalmente] que tienen conductas ilegales, transgresoras dentro de nuestros dominios marítimos”, asegura Alfonso Miranda, presidente de Calamasur.
Expertos ya han identificado el comportamiento de la flota china que actualmente se encuentra frente a las islas Galápagos. Aseguran que se trata de la misma que, en mayo pasado, protagonizó espectaculares persecuciones por parte de la Armada Argentina por pescar ilegalmente al interior de la zona económica exclusiva de ese país.
Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de la organización argentina Círculo de Políticas Ambientales, que ha estudiado durante años a esta flota asiática, explica que todos los años las embarcaciones se congregan frente a las costas de Argentina para pescar calamar, cruzan por el Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico y suben por las costas de Chile, Perú, hasta llegar a Galápagos.
Mientras estas embarcaciones se encuentran frente al mar peruano, los pescadores de ese país “conviven prácticamente con esta flota china, trabajan en conjunto con ellos, se juntan”, dice Pascual Aguilera y “hay centenares de pescadores artesanales que los han visto pescando dentro de su dominio marítimo”, agrega Miranda. Según el presidente de Calamasur, se estima que son 50 000 las toneladas de pota que las embarcaciones extranjeras estarían pecando ilegalmente dentro del territorio marítimo del Perú. “Si esas 50 000 toneladas ingresaran a plantas peruanas, significa 85 millones de dólares al año y miles de puestos de trabajo”, agrega.
Para poner freno a este problema —y considerando que los países del Atlántico sur también se enfrentan a esta flota— Calamasur y la Organización Para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (OPRA), su homóloga en el Atlántico, firmaron un acuerdo de cooperación para “tratar de incidir en la pesca en altamar de calamar gigante”, explica Guillermo Morán, representante de Calamasur en Ecuador.
Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP) son organismos intergubernamentales de pesca con autoridad para establecer medidas de conservación y gestión de pesquerías en altamar. La OROP del Pacífico Sur —que empezó a operar en 2013 y que está conformada por 15 países de Asia, Europa, América y Oceanía— ha concentrado sus esfuerzos de gestión sobre el jurel, sin embargo, es ella quien debe administrar también el calamar gigante en altamar.
La alianza de Calamasur y OPRA buscará exigirle a la OROP del Pacífico Sur para que establezca medidas de control y fiscalización a las flotas que capturan calamar gigante en las aguas internacionales. De esa manera esperan poder conservar un recurso que actualmente consideran están siendo depredado prácticamente sin control.
¿Cuáles son las medidas?
“La principal propuesta que tenemos para altamar es el cierre de acceso para el calamar”, dice Miranda. Es decir, le solicitarán a la OROP que no permita que aumente el número de embarcaciones que pesca calamar en aguas internacionales. “Entendemos que la flota china ha ido creciendo de forma acelerada. Ya no sabemos si son 500 embarcaciones o más que están pescando en altamar”, agrega el director de Calamasur.
Una segunda propuesta es que las embarcaciones extranjeras tengan un estricto control satelital para asegurarse de que no están pescando ilegalmente en el territorio marítimo de los países. Si bien las embarcaciones extranjeras cuentan con un sistema satelital, “nos hemos dado cuenta, gracias a Global Fishing Watch, que lo manipulan”, asegura Miranda. Por ello, el presidente de Calamasur señala que al menos Perú —que según precisa “es el único país de la región que le está dando puerto a estas embarcaciones” — debería exigir un sistema satelital compatible con el que tiene la autoridad peruana de manera que las naves puedan ser monitoreadas permanentemente. “Si quieren usar puerto peruano, el Perú puede y tiene el derecho de exigir determinadas condiciones de acuerdo al derecho internacional de mar”, asegura Miranda.
Si bien la opinión de Calamasur es tomada en cuenta al cumplir un rol de observador en la OROP, no tiene la posibilidad de realizar propuestas formales. Es por ello que su estrategia se concentra en generar información para que los gobiernos intervengan y tengan una mayor participación en la toma de decisiones. “Queremos que nuestra voz sea transmitida a través de los Estados como una petición formal”, dice Pascual Aguilera y agrega que “necesitamos un compromiso regional donde todos los países ribereños hablemos un solo lenguaje que apunte precisamente a controlar esta flota”.
En ese sentido, “el llamado del presidente Moreno para que la comunidad internacional, sobre todo la regional, se pronuncie [respecto de lo que está ocurriendo frente a Galápagos] es una de las cosas que nos parece urgente”, señala Miranda.
Por lo pronto, la OROP del Pacífico Sur ya aprobó por unanimidad la primera relacionada al calamar gigante. A partir del primero de enero de 2021, se comenzará a poner observadores a bordo de las embarcaciones para llevar un registro detallado de las actividades en altamar. Guillermo Morán precisa que se iniciará con un porcentaje mínimo de embarcaciones que irá aumentando progresivamente para que, finalmente, todos los barcos puedan llevar un observador científico a bordo. “El objetivo es lograr que las flotas que capturan este recurso entren en un ordenamiento severo confiable y transparente”, precisa Morán.
