Que la Subsecretaría de Pesca, el municipio, las empresas y la terminal artesanal cubran el costo de la remediación que falta efectuar detrás del Cerro Banderita (ubicado poco antes del acceso a este balneario), donde tiempo atrás se arrojó el aceite que surge del procesamiento industrial de las capturas pesqueras.
Además, que en el nuevo sitio designado para la disposición final de los desechos de langostinos, el municipio construya cavas (para descartar el producto) “a medida (que el descarte) así lo amerite” y se realice un “alambrado perimetral para resguardar la zona”.
Esas fueron las principales determinaciones que forman parte del acuerdo al que se arribó en el marco del amparo ambiental que se presentó en 2017 en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9. Esto fue cuando, alertados por los olores nauseabundos, los vecinos detectaron que se había creado un basurero a cielo abierto donde se efectuaba, de manera irregular, el descarte de restos de crustáceos.
Tras un año y medio de audiencias, ahora la jueza Vanessa Kozaczuk homologó los puntos convenidos y dio a conocer una serie de disposiciones y exigencias.
Entre ellas, que “bajo apercibimiento de ley”, sea la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia la que obre como autoridad de aplicación. Es decir, que se convierta en el organismo que deberá auditar que todos los controles y medidas dispuestas se cumplan.
La magistrada también habilita a la Defensoría del Pueblo Municipal a cumplir un rol fundamental en el control de estas acciones, ya que podrá actuar en coordinación “con los distintos entes no gubernamentales que aportaron informes en esta causa”.
En este marco, la jueza destacó el papel que desempeñaron las vecinas que se presentaron como amparistas. “Las mismas –manifestó Kozaczuk en la resolución– tendrán a su cargo controlar el cumplimiento de lo que hoy aquí se resuelve debiendo trabajar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, como así también con las organizaciones no gubernamentales”.
