El gobierno español optó por, en lugar de favorecer y premiar a quienes apuestan por un futuro mejor con el uso presente de energías renovables, perjudicarlos con multas que llegan a los 60 millones de euros. Aún sin comprender cómo en vez de avanzar hacia la sustentabilidad, un gobierno sólo responde a intereses económicos de grandes corporaciones, decidí ponerme en contacto con Ecodes , una organización sin fines de lucro de España que actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental, para que nos amplíe mayor información sobre esta polémica medida.
El sector de las energías renovables ha tenido en España un rápido y fructífero crecimiento gracias a la conjunción de tres vectores que actuaron en la misma dirección: la insistencia del movimiento ecologista de avanzar en esta línea; la regulación hecha por diferentes gobiernos que favorecía el desarrollo del sector; y el mercado que invirtió de forma importante permitiendo la aplicación de nuevas tecnologías’, explica Cristina Monge Lasierra, directora de Conversaciones de Ecodes.
Este trabajo en conjunto de los tres actores colocó a España como uno de los países líderes en renovables a nivel mundial no sólo como productores sino también como desarrolladores de tecnología. La energía fotovoltaica que recibía primas (ayuda que se cobra por vender su energía al sector eléctrico) pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora desde 2007 a 2010, según datos de la Comisión Nacional de Energía.
La reforma plantea básicamente dos cosas. Por un lado, el fin de las primas a las renovables, lo que deja a muchos inversores en el aire y con una notable incertidumbre. Por otro, una herida de muerte al sistema de autoconsumo que pasa a ser penalizado con unos peajes que lo hacen inviable’, describe Cristina. En el primer caso, el gobierno autorizó el recorte de 2.700 millones de euros anuales de forma retroactiva en determinadas actividades que incluyen (claro está) la producción de renovables.
En el segundo caso, se sube el impuesto (peaje) en un 6.6% a los consumidores que generen electricidad a partir de los paneles solares y la conecten al sistema nacional. Es decir, ya no resultaría eficiente económicamente para los ciudadanos basarse en el sistema de autoconsumo energético solar, tal como aseguró en un comunicado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF): ‘De implantarse estos cambios, sería más caro el autoconsumo solar que recurrir al suministro convencional’.
Lo curioso es que en 2005 el propio ministerio de Industria español convocó a los ciudadanos a invertir en las denominadas ‘huertas solares’ y la fotovoltaica en general para obtener ganancias y optimizar sus usos. Así, las instalaciones se podían conectar a la red y producir energía y otras, más aisladas, servirían para señalización, aplicaciones agrícolas y viviendas. Varios ciudadanos españoles apostaron por este proyecto incluso para ahorrar el dinero necesario para poder enviar a sus hijos a la universidad.
Con la nueva reforma, esa campaña parece haber quedado en el olvido e incluso el gobierno abrió la posibilidad que aquellos inversores que no puedan adaptarse a las nuevas condiciones piensen en pedir un rescate voluntario.
La Nación
