Enorme es el capital que los inversores del mundo han inyectado en el desarrollo de las energías renovables a lo largo de los últimos seis años (1 billón, 800 mil millones de dólares), pero insuficiente para materializar el compromiso climático más importante que ha asumido la humanidad: el Acuerdo de París, convenio multinacional (al que ahora por cierto volverá a adherirse Estados Unidos de la mano de su nuevo presidente) que compromete a las naciones de todo el mundo a evitar que la temperatura media global suba más de un grado y medio (con respecto a la media del período pre-industrial).
Esa es la conclusión primera que han extraído Irena y el CPI de su informe Global Landscape of Renewable Energy Finance 2020. El estudio, que repasa el sexenio arriba señalado, muestra que la inversión en energías renovables cayó ligeramente en 2018, pero volvió a repuntar el año pasado (2019). La caída se debió en todo caso -matizan los autores del informe- a la caída de costes del sector: cada vez es más barato fabricar una placa solar o un aerogenerador, y cada vez es más barato instalarlos, por lo que la inversión en nuevos parques eólicos o fotovoltaicos es, así mismo, cada vez menor. Así se entiende por otro lado el hecho de que, aunque la inversión haya sido menor, la potencia instalada haya continuado creciendo.
Matices aparte, la conclusión sigue siendo la misma: los autores del informe califican de insuficiente la inversión y estiman que, para cumplir con los compromisos climáticos salidos de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático, la inversión debería casi triplicarse (respecto de la media registrada durante este sexenio) y rondar los 800 mil millones de euros anuales. En ese sentido, el CPI e Irena apelan a los gobiernos, que deben asumir compromisos “ambiciosos” -dicen-, compromisos que deben respaldar con medidas concretas.
Por ejemplo, desviando subsidios de apoyo a los combustibles fósiles (que siguen recibiendo miles de millones de dólares en ayudas todos los años) hacia el sector de las energías renovables, capaz también de producir energía, pero sin emitir en sus procesos de producción gases de efecto invernadero. Según Irena y el CPI, son además también necesarias inversiones en infraestructuras y soluciones para la integración de nueva potencia renovable en las redes y/o para la implementación de soluciones tecnológicas que doten de mayor flexibilidad a los sistemas, como baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Esas inversiones, que favorecerán también la descarbonización (como lo hacen las energías renovables), propiciarán además la generación de beneficios socio-económicos “amplios”, según el informe.
Según La Camera, los agentes decisores, los actores que toman las decisiones en los cenáculos del poder, deben adoptar medidas “que aceleren el flujo de inversiones hacia las energías renovables, y lejos de los combustibles fósiles, y hagan posible así por una parte el crecimiento económico y, por otra, el bienestar social, y resiliente”.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables sostiene que una inversión anual de 2 billones de dólares en energías renovables y otras tecnologías relacionadas con la transición energética en el trienio 2021-2023, que vendría a ser la fase de recuperación postCovid, podría propiciar la creación de hasta 5,5 millones de empleos en el sector (las renovables emplean actualmente a unos 11,5 millones de personas en todo el mundo). Otros 19 millones de empleos relacionados con sectores vinculados a la transición energética podrían ir surgiendo en la ruta hacia 2030 si la inversión responde (Irena habla de 4,5 billones de dólares estadounidenses hasta 2030).
El informe de la Agencia y el CPI plantea que la mayoría de esas inversiones podría venir de recursos privados si la inversión pública es empleada estratégicamente para conducir a esas decisiones inversoras y financieras en la dirección correcta, es decir, hacia soluciones energéticas limpias y lejos de los combustibles fósiles. Los autores del informe consideran además que los fondos públicos son capaces de apalancar inversiones privadas en un factor de tres o cuatro si son usados estratégicamente en esa dirección. Irena y el CPI lo tienen muy claro: el capital está “disponible” y solo le hace falta un empujón por parte de los gobiernos para movilizarse.
Una mayor actividad de los inversores institucionales -que ahora mismo controlan alrededor de 87 billones de dólares en activos- ayudará a alcanzar la escala de inversión global necesaria, según el informe Global Landscape of Renewable Energy Finance 2020. Para ello en todo caso -explican desde Irena y el CPI-, es clave promover el empleo de soluciones que ahora mismo ya ofrecen los mercados de capital, como los bonos verdes, que pueden orientar las necesidades de esos inversores (Irena ha ahondado en el rol que pueden desempeñar los inversores institucionales en la transición energética global en su informe Mobilising Institutional Capital for Renewable Energy, publicado hace solo unos días).
La energía, en instalaciones aisladas
El informe conjunto Irena-CPI de este año analiza, por primera vez, los compromisos financieros relativos a soluciones/instalaciones renovables no conectadas a red en mercados en desarrollo, habida cuenta de que estas propuestas facilitan la materialización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, relativo al acceso universal a un suministro de energía económico, fiable y sostenible en 2030.
Las soluciones renovables no conectadas -sostienen los autores del informe- son esenciales en un momento en el que el acceso a la energía es crucial para las instalaciones sanitarias, para salvar vidas y para crear puestos de trabajo. Según el estudio de Irena y el CPI, las inversiones en soluciones renovables no conectadas han continuado creciendo, hasta alcanzar una inversión récord de 460 millones de dólares en 2019, pero también en este caso es necesario liberar capitales adicionales e incrementar la inversión, pues aún es muy insuficiente.
La conclusión de los autores del informe es que los decisores políticos deben señalar compromisos políticos de largo plazo y mejorar la asociación y colaboración con el sector privado -los actores de los mercados de capital y las compañías no productoras de energía- para impulsar la confianza de los inversores y atraer capitales privados adicionales al sector.
