Un grupo de familias del chaco salteño acusó al DT de la Selección Argentina, Gerardo Tata Martino, de comprar sus tierras y tramitar una autorización de desmonte para venderlas con el permiso otorgado, pese a que parte de la propiedad es un área protegida por la Ley de Bosques.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Martino compró junto a tres socios dos de los catorce lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino.
Son más de 5 mil hectáreas en total. Pero se encontró con que allí vive desde hace unos 120 años la familia Rea y que otra treintena de familias usan esos terrenos para pastar.
Los Rea son ocho: la madre con siete hijos. El padre falleció hace unos años, al igual que otros dos hijos. Argumentan que siempre vivieron allí y que son la quinta generación instalada en un puesto bautizado como La Esquinita, porque queda justo en un ángulo de los dos lotes que compró Martino.
Sus terrenos son explotados también por una veintena de familias del vecino paraje el Lecheronal y otra diez del paraje Climaco. Son los legítimos propietarios de las tierras, aunque nunca reclamaron judicialmente su titularidad, pese a que están en condiciones de hacerlo.
Los voceros del DT no respondieron a los pedidos de entrevista. Aún así, este medio pudo reconstruir su posición en base a varios testimonios que brindó en distintos canales informales. Al parecer, Martino dice que compró los terrenos de buena fe, que no sabía que había gente viviendo y que su objetivo no es explotarlos, sino hacer un negocio inmobiliario.
Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.700 hectáreas y de desbajerado sobre otras 700.
El DT asegura que desde el propio gobierno de Salta le recomendaron que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador.
A primera vista, dos cosas llaman a la atención. Por un lado, si Martino tiene razón, sería grave que un Gobierno provincial promueva el desmonte.
Por otro, en lugar de accionar contra el vendedor que lo habría estafado y le vendió una propiedad que al poco tiempo fue embargada, el técnico busca avanzar contra la familia Rea, a la que le ofreció apenas 100 hectáreas.
El problema de fondo son los desmontes y los desalojos a comunidades criollas y originarias. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente nacional, se desmontaron, sólo en Salta, 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Es la provincia más afectada, detrás de Santiago de Estero.
