Cada fin de semana, Yessie Mosby visita las tumbas desgastadas y arenosas de sus antepasados para recolectar sus huesos esparcidos. Su sepultura, que se encuentra a poca profundidad y está ubicada a unos cuantos metros de la costa de la isla Masig, al norte de Australia continental, se ha erosionado a causa del aumento en el nivel de los océanos.
“Otros padres en todo el mundo van a la playa con sus hijos y recogen conchas”, narró Mosby, de 37 años, un artesano y padre de cinco hijos, mientras movía los restos de su sexta bisabuela a un espacio ubicado debajo de un cocotero. “Nosotros recogemos restos humanos”.
La vida de la gente en este lugar está atada a la isla, uno de los dieciocho cordones litorales del estrecho de Torres, habitado por indígenas australianos. Esta isla guarda las historias de quienes llegaron antes a este lugar; brinda protección y sustento, pero a medida que el cambio climático eleva el nivel del mar, estas islas y su cultura ancestral están en riesgo de desaparecer.
Así que Mosby y otros siete isleños del estrecho de Torres han puesto manos a la obra.
En una demanda histórica, que fue presentada el 13 de mayo ante las Naciones Unidas, argumentan que Australia —al no tomar las acciones adecuadas para reducir las emisiones de dióxido de carbono— ha violado sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a conservar su cultura.
La demanda es parte de un movimiento creciente de litigios en el que los litigantes, incluyendo un grupo de veintiún jóvenes en Estados Unidos, han presentado un alegato innovador que afirma que los gobiernos enfrentan el deber fundamental de garantizar un medioambiente habitable.
No obstante, el alegato de los australianos es el primero que busca el apoyo de las Naciones Unidas para tal demanda ambiental, y podría sentar un precedente en el modo en que las poblaciones más vulnerables a los efectos del calentamiento global pueden buscar una rectificación recurriendo al derecho internacional.
