Por: canal26.com
La normativa propuesta permitiría la tala masiva, lo que supone un grave retroceso en la protección de los ecosistemas de la región, al legalizar prácticas de desmonte actualmente prohibidas.
El gobierno de Salta, encabezado por Gustavo Sáenz, enfrenta duras críticas por el impulso de un proyecto de ley que permitiría la tala masiva de más de 700 mil hectáreas de bosques nativos, según denunció la organización ambientalista Greenpeace.
La medida, que podría aprobarse antes de fin de año, fue calificada como una violación directa de la Ley Nacional de Bosques, desatando una fuerte controversia tanto en la provincia como a nivel nacional.
En un comunicado, Greenpeace destacó que la normativa propuesta supone un grave retroceso en la protección de los ecosistemas de la región, al legalizar prácticas de desmonte actualmente prohibidas.
“El Gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para arrasar con los bosques de Salta”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la ONG.
La polémica: flexibilización encubierta de la Ley de Bosques
El proyecto introduce una nueva clasificación denominada “Zona Amarilla con círculo verde”, que, según los ambientalistas, permite el desmonte en áreas que hasta ahora estaban protegidas. “Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hoy no se puede”, explicó Cruz.
Según detalló la organización ambiental, se deforestaron 174.024 hectáreas de bosques protegidos en Salta entre 1998 y 2017. Desde la sanción de la Ley de Bosques en el año 2007, la mitad de los desmontes fueron ilegales.
Además, el gobierno salteño convocó reiteradas veces a audiencias públicas para autorizar desmontes a grandes productores agropecuarios. Entre ellos, se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar.
La magnitud del territorio en cuestión, 720 mil hectáreas, equivale a más de 35 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que subraya la dimensión del impacto ambiental que podría generarse. Además de la pérdida de biodiversidad, los expertos advierten sobre las consecuencias sociales y económicas para las comunidades indígenas y campesinas que dependen directamente del bosque.
La propuesta generó una ola de críticas por parte de ONG’s, sectores académicos y grupos sociales que exigen un debate público y transparente sobre el ordenamiento territorial. Según Greenpeace, este proyecto no solo contradice la Ley Nacional de Bosques, sino que también pone en peligro los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de cambio climático y sostenibilidad.
En medio de este escenario, los activistas pidieron la intervención de las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Mientras tanto, la provincia de Salta sigue atenta al avance de este proyecto, que podría convertirse en uno de los mayores conflictos ambientales por la tala masiva de los últimos años en el país.
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