El Parque Nacional Yasuní, en el noreste de Ecuador y en medio de la Amazonía, es quizás uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sin embargo, esta joya natural en pleno ‘pulmón del mundo’ compite con los intereses económicos de las empresas dedicadas a actividades extractivas. Debajo de sus suelos se encuentran enormes reservas de petróleo. Medioambiente y economía llevan casi cuatro décadas (desde la creación de esta área protegida en 1979) enfrentados en un duro pulso.
En Yasuní, la industria petrolera no solo se enfrenta a los cuestionamientos ambientales, sino sociales, ya que esta área protegida también coincide con parte del Territorio Étnico de la Nacionalidad indígena Waorani y en sus selvas habitan los Tagaeri y Taromenane, dos comunidades indígenas que decidieron vivir en aislamiento voluntario y las cuales, según la constitución ecuatoriana, cuentan con especial protección. De hecho, son de las pocas comunidades de América que viven en aislamiento, razón por la que se desconoce con certeza el número total de sus integrantes y gran parte de sus costumbres y comportamientos.
En teoría, las leyes ecuatorianas prohíben la explotación petrolera en los lugares donde viven estos pueblos. Sin embargo, el presidente puede pedirle a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional la explotación petrolera en un territorio. “Se trata de una argucia jurídica”, le dijo Benito Bonilla, vocero del colectivo YASunidos a Mongabay Latam. Esta organización de la sociedad civil está conformada por personas que buscan proteger la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní y se oponen a la extracción petrolera de un territorio en el que “en solo una hectárea hay más biodiversidad que en Norteamérica”.
Bonilla asegura que el 15 de agosto de 2013 el expresidente Rafael Correa recurrió a esa argucia jurídica de declarar el Yasuní como de interés nacional para que se pudiera extraer petróleo de sus suelos. Nunca se convocó a una consulta popular para conocer la opinión de los ecuatorianos.
La Asamblea Nacional autorizó 1030 hectáreas para la explotación petrolera dentro de Yasuní, pero en febrero de este año, en un referendo, los ecuatorianos votaron para que el área de explotación se redujera a 300 hectáreas y para que la zona intangible —parte del Parque donde las actividades extractivas, incluyendo la petrolera, están prohibidas con el fin de proteger el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario— se ampliara en 50 000 hectáreas.
Ahora, la lucha de las comunidades y de los colectivos de la sociedad civil se ha centrado en que la empresa estatal Petroamazonas ha excedido las 300 hectáreas que se podían deforestar para extracción de hidrocarburos.
Y es que su reclamo tiene sustento técnico. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation Association y ACCA Conservación Amazónica acaba de lanzar un mapa en el que muestra la deforestación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación petrolera, tanto directa como indirecta, dentro del Parque y estos fueron los resultados: por el impacto directo documentaron la deforestación de 169 hectáreas para infraestructura petrolera y por impacto indirecto registraron la deforestación de 248 hectáreas que corresponden a la actividad agrícola a lo largo de carreteras que se crearon para el ingreso y salida de maquinaria y transporte del crudo.
