Una grave acusación envuelve a Entre Ríos por estos días. Una agrupación denunció el desmonte de selva en galería, según sostienen, para la construcción de un camping.
La organización ambiental CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres) indicó, a través de un comunicado, que se talaron árboles cerca de «La Tortuga», en una zona administrada por la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande).
Presunto desmonte de selva en galería: qué dice la denuncia
«Se cortaron varios árboles autóctonos de la selva, algunos de más de 80 años. El camping pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) y se ubica en zona administrada por la CODESAL próxima a la Tortuga Alegre», precisaron en el escrito que se envió a El Entre Ríos.
«Cientos de árboles autóctonos y arbustos recientemente cortados con motosierra o arrancados de raíz que dieron lugar a amplias picadas abiertas en la selva en galería del río Uruguay«, describieron la situación.
«Es el tristísimo espectáculo que ofrece hoy el denominado camping Pesca perteneciente«, agregaron.
Entre los ejemplares talados, enumeraron: «Guayabos Colorados, Coronillos, Ubajay, Canelones, Palos Cruz, Guayabos Blancos, Palos Amarillos, Yerbas de Bugre, Sarandíes Negros, Chalchales y Espinillos», como solo «algunos» ejemplos.
Además, aseguraron que hay ejemplares de «más de 80 años con troncos de más de 50 centímetros de diámetro». Según describieron en la denuncia, apilaron muchos de los troncos para su utilización como leña.
«Lo más indignante de este polémico desmonte es que en la cartelería de ingreso al camping figura el logo de CODESAL, entidad que administra el polo turístico de Salto Grande», cerraron.
Desmontes: alerta en la Argentina
El caso de Entre Ríos no es aislado ni el único reciente en el país en materia de desmontes ilegales. Hace pocos días, circuló una denuncia que la propia Justicia provincial de Chaco hizo contra un importante empresario.
Solicitaron la detención del empresario forestal Alessio Roberto Nardelli. Fue por violar una medida cautelar que le prohibía avanzar con la actividad. Se da, según el fiscal, por cinco hechos de “desobediencia judicial“, en los que realizó actividades de desmonte sin la debida autorización.
La solicitud se basa en cinco hechos de desobediencia judicial en los que el empresario realizó actividades de desmonte sin la debida autorización, a pesar de la prohibición vigente desde agosto de 2024.
Según el informe de la Fiscalía, el primer hecho ocurrió el 21 de febrero pasado, cuando Gendarmería Nacional constató que Nardelli llevaba a cabo tareas de desmonte en un predio ubicado cerca de Tres Isletas.
En esa ocasión, se secuestró una topadora y se verificó la ilegalidad del desmonte, ya que no contaba con los permisos necesarios.
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