La explotación minera en Ecuador y una decisión gubernamental ponen en peligro a uno de los ecosistemas más diversos del mundo. El Parque Nacional Yasuní, ubicado en este país Latinoamericano.
Es que, en 2023 los ciudadanos decidieron, mediante una consulta popular, mantener el petróleo ubicado en el Bloque 43 de esta área protegida sin explotar, por tiempo indefinido.
Sin embargo, el gobierno local avanzó desde entonces con la extracción de hidrocarburos y ahora se reclama con mecanismos de protección internacional.
Explotación minera en Ecuador: el reclamo internacional
El relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, presentó, en este contexto, sus argumentos ante la Corte Constitucional de Ecuador en el caso este lunes.
Lo hizo a través de una figura procesal que se conoce como amicus curiae (se refiere a que alguien, pese a no ser parte de un caso judicial, asiste al tribunal proporcionado información o asesoramiento).
Orellana expuso los estándares internacionales para el cumplimiento de las decisiones judiciales que exigen a los Estados garantizar su efectiva y pronta ejecución.
“El incumplimiento de la voluntad popular y de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador pone en peligro uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo”, declaró. “Amenaza los derechos de los pueblos indígenas y socava el Estado Constitucional de Derecho”, agregó.
La Corte Constitucional dio en su momento a la decisión del pueblo ecuatoriano un plazo final de cumplimiento hasta agosto de 2024. A pesar de eso, el Gobierno ecuatoriano continuó con la extracción de hidrocarburos en este Parque Nacional.
El relator especial afirmó, que “las normas internacionales de derechos humanos sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales adquieren una importancia aún mayor cuando el incumplimiento pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas y amenaza con causar daños medioambientales significativos”.
Los pueblos indígenas, amenazados por la minería
El experto subrayó la relación entre los derechos de los pueblos indígenas que viven en la selva amazónica en la que está el parque, y la protección de un medio ambiente sano.
Destacó las graves amenazas para su salud, tierras y territorios como consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas y residuos generados por la extracción de petróleo.
En este sentido, el experto también destacó la importancia de que la Corte Constitucional de Ecuador evalúe el cumplimiento de su sentencia en este caso.
“Para hacer realidad el desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe prioriza el acceso a la justicia en materia ambiental y exige a los Estados Partes contar con mecanismos efectivos para hacer cumplir las decisiones judiciales”, remarcó Orellana.
Qué dice el Acuerdo de Escazú
- Acceder a la información ambiental
- Participar en las decisiones ambientales
- Reclamar ante las autoridades judiciales
- Adoptar medidas para evitar o disminuir el impacto de acciones u omisiones que puedan dañar el medio ambiente
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