El botánico Ignacio Barrientos, miembro del Proyecto Juco, está estudiando algunas de las especies más afectadas y la regresión que están mostrando es altamente preocupante. Se están extrayendo especies de alto valor maderero, como el roble salteño, la quina, la quina blanca, el cedro orán y el palo santo, entre otras amenazadas. “Pero también desaparecen otras especies de gran fuste, como el soroche rosado (Eriotheca roseorum). Aunque no es buscado por interés maderero cae junto con los demás árboles derribados. Y pocos saben que en la Argentina tiene una población pequeña que es la más austral del mundo”, declaró el especialista.
“Desde la Fundación Azara vemos que este proceso de degradación ambiental viene en marcado aumento en las áreas que concentran mayor diversidad biológica”, declaró Adrián Giacchino, presidente de esta organización. “Además, donde se permite el aprovechamiento forestal no se aprovecha. Se destruye”, cuestionó Claudio Bertonatti, asesor científico de la entidad, quien a la vez llamó la atención sobre el rol del Estado, cuyo control debe ser ejercido de modo eficaz sobre los aserraderos locales.
Todo extractivismo sin control se relaciona con una política de tipo “minera” o “de auge y ruina”, que concluye con la desaparición de las masas forestales o, en el mejor de los casos, con una drástica modificación de la estructura del bosque. Así, se empobrece en su diversidad y con una progresiva fragmentación. “Estos paisajes terminan en islas boscosas en un mar de desolación donde gran parte de la fauna no tiene posibilidades de supervivencia a largo plazo”, sentenció Bertonatti. Ahondando sobre esto, Fernando Del Moral investigador del Proyecto Juco señaló que “hay que tener en cuenta que esta región tiene la mayor población de yaguaretés del país, además del notable oso andino, cuya presencia hemos confirmado para la Argentina. De modo que ahora tenemos la responsabilidad de proteger la especie de oso más austral sobre el Planeta en estas mismas selvas cuya alteración nos preocupa”. Cabe destacar que este investigador -asociado a la Fundación Azara- trabaja in situ recorriendo estos ecosistemas desde el año 2005.
“Este tipo y nivel de actividades extractivas puede provocar que en pocas décadas los bosques y selvas que quedan terminen perdiendo su funcionalidad ecosistémica. Esto afectará la biodiversidad en general pero también, el régimen de lluvias, el acceso al agua y otros bienes y servicios ecosistémicos para la gente. En particular para las comunidades rurales, con una consecuente erosión de su cultura, dado que sus cosmovisiones están ancladas al bosque y sus especies”, dijo Del Moral.
“Frente a esta situación la Fundación Azara propone que se controle el proceso de entrega y uso de las guías para extraer madera, revisando a la par cada uno de los permisos de desmonte”, concluyó Giacchino. Este es el gran desafío para la Secretaría de Ambiente de Salta, que además debería impulsar una política de restauración de los ecosistemas degradados y evitar que la pasividad sea funcional a la pérdida de territorios valiosos para la biodiversidad como para las comunidades aborígenes.