Más de una década después de que comenzara el conflicto por la instalación de la ex Botnia (ahora UPM), el Gobierno de Uruguay admitió por primera vez que la pastera contamina. Aunque no fue de manera directa, la noticia se conoció luego de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la multara por verter sobre el Río Uruguay sustancias tóxicas que superaron los límites permitidos.
Aunque la sanción, confirmada por la ministra Eneida de León y reconocida por la propia empresa, resultó de tan solo medio millón de pesos uruguayos (casi 400 mil pesos argentinos), desde La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú consideran que se trata de un hecho clave ya que podría ser usado como una evidencia para que Argentina actualice la denuncia contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
“Con el pago y la emisión de la multa, la ex Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde”, explicó el asambleísta Martín Alazard.
Desde que fue anunciada, la puesta en marcha de la ex Botnia significó un crudo conflicto entre ambos países, que incluyó masivas protestas sociales, y alcanzó su punto más alto en 2010, cuando la Argentina denunció ante máximo tribunal de la ONU una presunta violación del Tratado del Río Uruguay. Como consecuencia, el fallo prohibió que haya una segunda planta (como estaba planteado originalmente) pero permitió que la que se había construido siga funcionando bajo un seguimiento bilateral del impacto ambiental.
En concordancia con la Asamblea, el Municipio de Gualeguaychú –ubicado a 40 minutos de Fray Bentos, la localidad donde está radicada la ex Botnia (o UPM desde que fue adquirida por capitales finlandeses)– exigió que en esta oportunidad el gobierno uruguayo asuma las responsabilidades ante este nuevo panorama jurídico que habilitó la multa a la pastera.
“Manifestamos públicamente la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto, llevando adelante de modo urgente las diligencias necesarias para concurrir nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia para hacer valer los derechos quebrantados de nuestro pueblo y exigir la reparación de todos los daños ambientales ocasionados”, expresó en un comunicado, donde también exige que “el Gobierno Provincial y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomen debidas carta en el asunto y brinden las respuestas pertinentes a nuestro pueblo”.
