La Jueza Gladys Mabel Cardoni, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de La Plata, tomó intervención en la demanda y denuncias públicas que llevan adelante grupos de ONGs ambientalistas de la región por la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago. Las organizaciones Nuevo Ambiente; Ala Plástica; Fundación Agroalimentos, junto a quinteros, productores de la Isla Paulino y la Asamblea Defendamos al Monte, denuncian ciertas obras impulsadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata que se están haciendo en el Partido de Berisso para un puerto de contenedores en la cabecera de Río Santiago Este. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió sobre el impacto ambiental negativo.
Las obras cuestionadas consisten en el dragado de los fondos de los canales y su vuelco masivo en las Islas Paulino y Santiago, así como cortes de las cabeceras de las mismas islas , obras avaladas por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Las denuncias en la Justicia se centran por la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago, producto de la gestión de las obras de la empresa TecPlata S.A.
Este viernes 8 serán recibidos por la Jueza Cardoni, quien citó también a autoridades del Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -órgano de contralor provincial-, la Defensoría del Pueblo bonaerense y representantes legales de la empresa Tecplata S.A. de capitales filipinos. Un informe de la Universidad de Buenos Aires ya había advertido que debido a la contaminación medioambiental existente los barros extraídos del fondo del Río Santiago deben ser analizados profundamente y en su caso deben ser tratados, en forma previa a su disposición final. Pero al margen de esto, lo más importante es que esa disposición final no se debió hacer y no se puede hacer en las islas Paulino y Santiago, porque tienen un doble estándar de protección: son humedales y bosques, paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos en modo alguno.
Habitantes, productores de la zona y numerosas organizaciones no gubernamentales rechazan el impacto ambiental negativo producido por la forma en que se están llevando a cabo tales obras. “Nadie se opone a la construcción de la terminal portuaria, pero se rechaza la forma en que la empresa la lleva a cabo.
Por otro lado, especialistas reconocidos en materia urbanística advierten que “están avanzando sin prever las obras de infraestructura necesarias para evitar una seria afectación del casco urbano una vez que se inaugure la obra”.
