La voraz deforestación en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, no se detiene. Ni siquiera en medio de la pandemia y las medidas de confinamiento para contener la propagación del coronavirus. Por el contrario, los ambientalistas alertan de que las mafias y los acaparadores de tierras no se han sometido a la cuarentena decretada por el Gobierno de Iván Duque, y aprovechan que todos los focos están sobre la emergencia sanitaria para quemar la selva sin freno ni restricciones.
Colombia ya redujo las cifras totales de deforestación en 2018, y los entendidos anticipan que esa tendencia se mantendrá cuando se conozcan próximamente los números para el año pasado. Pero el panorama dista de ser esperanzador. Hay un problema estructural con la velocidad de entrega de los datos, explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “Desafortunadamente, como el sistema es tan lento en su medición, vamos a estar recibiendo las señales de lo que pasó en el 2019 cuando en el 2020 estamos viendo este desborde”, se lamenta. Hay zonas que bien podrían presentar la mayor concentración de destrucción de bosques de América, señala. A falta de la información oficial del ministerio de Ambiente, sus cálculos apuntan a que la deforestación para los primeros cuatro meses de este año podría ser superior a la de todo el año pasado.
Este experto advierte que, además de las mediciones sobre las extensiones de bosques, “las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria son una alerta temprana de lo que se puede venir para los próximos años”. Botero suele estar montado en una avioneta para vigilar los agujeros en la selva. En su más reciente sobrevuelo, que debido a la pandemia se remonta al 16 de marzo, observó cómo se están construyendo carreteras a un ritmo acelerado, y enfatiza la relación directa que existe entre estas vías –tanto legales como ilegales– y la deforestación. En diferentes zonas de la Amazonia se han abierto más de 280 kilómetros en lo que va del año.
A la espera de las cifras oficiales, se acumulan pistas que han generado alarma, entre ellas los puntos activos de calor que se suelen relacionar con incendios forestales y quemas de bosques. En marzo –el mismo mes en que se puso en marcha la cuarentena nacional para frenar el contagio de la covid-19– se registraron 12.958 puntos de calor en los departamentos amazónicos del sur de Colombia, que en el mismo periodo de 2019 fueron apenas 4.691, de acuerdo con el Instituto Sinchi.
Esos datos se suman a las denuncias sobre distintos grupos que están aprovechando las medidas de confinamiento –en vigor hasta el próximo 25 de mayo– para tumbar bosques y amenazar comunidades involucradas en programas ambientales. En varias regiones, las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz han distribuido panfletos amenazantes en los que rechazan los proyectos de cooperación ambiental.
“El control de estas acciones delictivas es difícil, ya que las autoridades ambientales también están cobijadas por el aislamiento preventivo obligatorio que rige desde el 25 de marzo en todo el territorio nacional”, y que se ha prolongado en varias ocasiones, advertía desde abril un análisis de la Fundación Ideas para la Paz sobre los impactos de la covid-19. “Al no poder estas contar con las excepciones que permiten el derecho a la circulación, el Estado colombiano depende completamente de las Fuerzas Militares y de Policía para controlar el fenómeno mientras dure la cuarentena”. En esas dinámicas participan disidencias, narcotraficantes y bandas criminales, pero también sectores agroindustriales, como evidencia el avance de cultivos de eucalipto y palma. En muchas ocasiones, los gobiernos locales, por acción u omisión, permiten ese proceso de acaparamiento.
A finales de abril, la Procuraduría le pidió en una carta al presidente Duque declarar la emergencia ecológica y climática para tomar medidas contra la deforestación. “Resulta urgente proteger nuestros bosques y su biodiversidad, que son el pilar fundamental que sostiene el bienestar de una nación y su desarrollo”, planteaba la misiva firmada por el procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Fernando Trujillo. “La deforestación en este país tiene un ritmo exagerado con o sin pandemia”, ha asegurado el funcionario al alertar que los delincuentes pueden aprovechar que los militares están dedicados a otras labores durante la crisis sanitaria. La pandemia también hace temer recortes en el sector, justamente en momentos en que el Gobierno colombiano ha perdido control territorial en regiones de la Amazonia en las que las disidencias han expulsado de varias áreas protegidas al personal de Parques Nacionales Naturales (PNN).
“En este momento tan difícil de aislamiento es esencial que se mantengan las inversiones en comunidades campesinas e indígenas a través de mecanismos como Visión Amazonía. Eso no solo para que estas comunidades no pierdan sus ingresos, sino también para prevenir mayor influencia por parte de los actores al margen de la ley a través de sus economías ilegales y su control social”, señala Ole Reidar Bergum, consejero de clima y bosque de la embajada de Noruega, el principal cooperante de Colombia en el ámbito de protección de bosques. “Esperamos que el Gobierno logre mantener la tendencia de reducción en deforestación, y por eso es importante que las autoridades muestren con actos y palabras que esto sigue siendo la prioridad en este nuevo contexto”, añade. También subraya la importancia de que la reactivación económica “tenga un sello verde, por ejemplo a través de la aplicación masiva de esquemas de pago por servicios ambientales y de contratación de mano de obra rural para lograr la meta de sembrar 180 millones de árboles durante este Gobierno”.
