Un grupo de ONGs ambientales y especialistas en cambio climático, reclaman al Estado Nacional que abra las puertas a la participación ciudadana para debatir el Plan de Descarbonización que se está elaborando a espaldas de la sociedad. A su vez, acompañan propuestas con el objetivo de mejorar los procesos de participación pública.
El 22 de abril en la Cumbre de Líderes Climáticos, organizada por el presidente estadounidense Joe Biden, Alberto Fernández asumió el compromiso de que Argentina será carbono neutral al 2050.
En consonancia, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se afirmó que a fines de año se presentará la Estrategia de Desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (LTS, por sus siglas en inglés), también conocida como Plan de Descarbonización.
La LTS debería explicar las medidas y cambios concretos que tendrían que realizarse en los próximos años para que Argentina alcance la carbono
neutralidad. Ser carbono neutral implica que las emisiones sean equivalentes a cero, para conseguirlo es necesario crear planes de acción para reducir, compensar y/o remover las emisiones generadas.
El 5 de junio al finalizar la audiencia pública sobre la explotación sísmica en el mar argentino, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se aseguró que no se entregarán nuevos permisos de exploración en el mar sin tener un plan oficial que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina.
En este contexto, las ONGs ambientales le reclaman al Estado Nacional participar en el proceso de formulación del Plan de Descarbonización. En el reclamo, se recuerda que países como Chile, Perú y Costa Rica contaron con procesos de participación pública, organizando entre otras cuestiones talleres y espacios de generación de propuesta para el armado de la LTS. Los mencionados países, a diferencia de Argentina no han ratificado el Acuerdo de Escazú, el cual promueve entre otras cuestiones la participación pública.
Las organizaciones acompañan el reclamo con propuestas, solicitando la realización de talleres inclusivos y federales con la participación de los representantes de todos los ministerios; mayor claridad, transparencia e información respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Gabinete Nacional de Cambio Climático y un espacio específico de participación para los jóvenes.
La juventud será la más afectada por las medidas que se tomen de acá al año 2050. No obstante, no se ha realizado ningún proceso de participación con los jóvenes sobre este tema, aunque fueron uno de los principales impulsores de la Ley Nacional de Cambio Climático (Ley 27.520) y de la declaración de la emergencia climática por parte del Senado.
También, requieren que se conforme de manera urgente el Consejo Asesor de Cambio Climático, previsto en la ley Ley 27.520. Este consejo debe estar
integrado por científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, entre otros, con el objetivo de asistir y asesorar en la elaboración de políticas públicas.
La LTS será presentada a fines de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) a realizarse en Glasgow (Reino Unido).
Desde las ONGs solicitantes se espera que las medidas propuestas se implementen de forma inmediata a fin de lograr la conformación de una política climática al 2050, inclusiva, federal y con participación pública en consonancia con el Acuerdo de Escazú.
