China, Corea, Taiwán y España son los principales países que llegan con sus buques al límite que separa las aguas internacionales del mar argentino para pescar. Esta industria hoy en día se caracteriza por el descarte y la captura indiscriminada.
Hay cuatro proyectos que se están debatiendo en el Congreso y que abordan el sistema de la trazabilidad de la pesca. Por su parte ONG como la Fundación Vida Silvestre proponen una legislación que arroje luz sobre la captura, procesamiento, transporte y comercialización del recurso. La especialista en políticas públicas y gobernanza de esta organización Daniela Gomel expuso los puntos más importantes a tener en cuenta.
Desde la fundación trabajan en lo que ocurre dentro de la zona económica exclusiva, o sea de la milla 200 para adentro, mientras que lo que sucede en la milla 201 para afuera son aguas internacionales, se enmarcan dentro de otra regulación y no es el principal interés de la organización.
Un informe de Financial Transparency Coalition (FTC) señala a China como el principal responsable de la situación, tanto a nivel global como en el país.
“Considerando que las exportaciones anuales de vino embotellado fueron de 817 millones de dólares en 2021, la pesca ilegal es más del doble del tamaño de la industria vitivinícola argentina. El calamar, el principal objetivo en el país y una especie estratégica en la cadena alimentaria y la biodiversidad, está provocando un colapso a gran escala en los sistemas de vida marina en el Atlántico Sur”, expuso el organismo.
“Argentina tiene prohibido el descarte, sabemos que existe, hay cálculos sobre todo en Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) pero la información sigue siendo escueta. Se descartan ejemplares juveniles de merluza en la pesquería de merluza o merluza en la pesquería de langostinos. También ocurre captura incidental de especies en peligro de extinción como pueden ser algunos tiburones o rayas y eso entra dentro de lo que es definido como pesca ilegal no declarada o no documentada (INDNR), explicó Gomel.
Actualmente está vigente la Ley Federal de Pesca Nº 24.922, que establece requisitos de control sanitario de los productos de la pesca, obliga a los portadores de permisos de pesca a comunicar mediante declaraciones juradas las capturas obtenidas y dota a la Autoridad de Aplicación para decidir la instalación de artefactos en los buques para efectuar el seguimiento satelital. Además, la normativa prohíbe los descartes.
Al respecto, la integrante de la fundación sostuvo: “Para los temas que a nosotros nos interesan la ley tiene instrumentos que ayudan a regular la pesca y controlar la zona de vedas y demás pero creemos que todavía hay algunos pendientes relativos a la posibilidad de trazar el producto desde que sale del mar hasta que llega al plato, al consumidor”. Explicó que estos puntos no están del todo definidos en la ley actual.
“Estamos promoviendo una legislación o algún tipo de política que permita trazar qué se hace con el producto en términos ambientales, no solo sanitarios. Por eso estuvimos promoviendo una legislación sobre trazabilidad pesquera que no solo permite reportar datos ambientales sino otros datos sobre situación del recurso y que tiene que ver con cuestiones más de la disponibilidad. Que permite hacer un manejo pesquero más efectivo para que haya recursos en el futuro, obviando el estado del mar”, sostuvo la experta. La información acerca de la pesca como actividad, datos para el Inidep o sobre la producción también son abordados por su propuesta. “Y no solo para el primer eslabón que es la captura sino todo los demás, todo lo que tiene que ver con procesamiento, transporte, hasta que llega a la pescadería, al supermercado o si se exporta”, agregó.
Daniela Gomel señaló que los buques de otros países pescan de la milla 201 para afuera y “obviamente” terminan afectando porque corren con otras normas y control. Pescan muy cerca del borde, por lo cual es una línea imaginaria y el recurso no se distingue, no hay características distintas de un lado o del otro de esta milla. “Es una competencia desleal y las normas que les caben son mucho más laxas y afectan al recurso a las pesquerías nacionales que cumplen con la norma o que cumplen con más la norma que las que no les cabe la norma nacional. Ese es un problema, pero es un conflicto que se dirime en negociaciones internacionales”, expresó.
Actualmente hay cuatro proyectos de trazabilidad pesquera. Representantes de gestión pública, privada y ONG disertaron respecto a este tema en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara baja. De acuerdo a lo que contó la integrante de Vida Silvestre, el resto de los sectores no presentaron demasiadas quejas en termino públicos más que lo que refieren los procesos burocráticos que habrá si surge una nueva ley.
El calamar, la merluza y los langostinos son los principales objetivos de los buques, los cuales en su mayoría provienen de China, Corea, Taiwán y España. De acuerdo al informe de FTC la industria pesquera comercial del país genera un impacto económico de 2.700 millones de dólares al año y representa el 3,4 % del PBI.