Santa Fe se alista para reescribir su Constitución provincial después de seis décadas. Un conjunto de organizaciones sociales y ambientales consideran que es urgente que en esta reforma se incluyan normas que aborden la crisis ecológica y social.
La Carta Magna santafesina fue modificada por última vez en 1962. Mientras que en la constitución nacional, en 1994, se incorporó cláusulas y artículos referidos al derecho a un ambiente sano, el recurso del amparo ambiental y la situación de los pueblos originarios, en la ley provincial no se acogieron esos cambios.
“Hay un atraso en materia socio ambiental muy grave y tiene que ser resuelto”, sostiene Lucas Micheloud, codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Una mirada ecológica y social para reformar la Constitución
El próximo 14 de julio se instalará la Convención Constituyente con los 69 convencionales elegidos para liderar la reforma. En la previa, 15 organizaciones presentaron un documento con 18 iniciativas concretas para impulsar la primera Constitución Ecosocial del país.
“Hablamos de una nueva constitución ecosocial porque vinculamos la cuestión ecológica con la justicia social. No hay justicia ambiental sin justicia social”, apunta Micheloud.
Uno de los principales planteamientos del colectivo ambiental es el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos. “Queremos que esta reforma rompa el sesgo antropocéntrico de las constituciones del siglo XX”, menciona el vocero de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que firma el documento.
Entre las propuestas se menciona la creación de entes de gestión público-social que eviten la privatización de ríos o la mercantilización del agua. Esta formulación se suma a la discusión actual que existe sobre el futuro de la hidrovía Paraguay – Paraná.
El documento presentado por las organizaciones también plantea incorporar la mitigación y adaptación al cambio climático como deber del Estado y particulares. Asimismo, se pide: el reconocimiento de la ciencia y saberes ancestrales como bien común; el acceso a la justicia ambiental; las garantías al derecho a la protesta en defensa del ambiente, entre otras propuestas.
Desafíos para la agenda ambiental en Santa Fe
Micheloud señala que en tiempos de negacionismo climático y desmantelamiento de políticas públicas ambientales, puede ser más difícil instalar una agenda ecosocial en el marco de una reforma constitucional. “El contexto nacional, que también tiene vocerías en la provincia, hace que el debate sea más difícil. Por ello, no tiene que ser un debate entre políticos, sino con la sociedad”.
Ante posibles lobbys del agronegocio y la actividad portuaria, dos actividades relevantes en la dinámica santafesina, los ambientalistas exigen que la convocatoria a las sesiones abiertas de la Convención sea amplia e incluya a sindicatos, estudiantes, indígenas y ecologistas.
La Ley de Necesidad de la Reforma establece que la Convención Constituyente apenas tendrá un plazo de 60 días para hacer las modificaciones. “Es un tiempo escaso. Genera sospechas si en realidad quieren que sea un debate para discutir a fondo ciertos puntos, como la agenda socioambiental”, dice Micheloud.
Además de la circulación de sus propuestas en redes sociales, el colectivo ambiental ya viene coordinando diálogos con los convencionales electos para revisar las propuestas y elaborar mecanismos de participación ciudadana.
