“Se han perdido más de 790.500 hectáreas de bosque en el periodo 2000-2020 en los estados amazónicos de Venezuela, como consecuencia de la expansión de actividades agropecuarias, mineras y, en menor medida, desarrollo de infraestructura”, dice el reporte ‘Cobertura del suelo en la Amazonía venezolana’ de SOS Orinoco, una organización de la sociedad civil venezolana de denuncia e incidencia.
No solo se han perdido hectáreas de bosques amazónicos, sino también 290 000 hectáreas de sabanas naturales. Es decir, sumando estos dos ecosistemas, Venezuela ha perdido más de un millón de hectáreas de bosque, cobertura natural, según un reporte realizado con imágenes satelitales que se publicó durante marzo de 2023.
“La velocidad de crecimiento de la deforestación amazónica en Venezuela es la más alta en la región. Particularmente la del bosque primario”, agrega Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador de la organización no gubernamental venezolana Clima21.
Para 2020, la minería y la actividad agropecuaria expandieron en 1.6 veces el área que ocupaban en el año 2000, con una tasa de expansión anual de casi 50.000 hectáreas por año.
Sin embargo, esta tendencia empeoró, según indican los expertos, cuando el gobierno de Nicolás Maduro creó el Arco Minero, una política de minería en un polígono específico, pero que se ha expandido fuera de sus límites. “Con la intensificación de estas actividades en la región entre 2015-2020, la tasa de expansión en este periodo supera las 75.000 hectáreas por año”, describe el informe.
La situación es preocupante ya que el incremento de la minería parece incontrolable.
El informe resalta este fenómeno: “Sumando las zonas de explotación más todas aquellas áreas que potencialmente pueden verse afectadas y hectáreas de bosque destruidas por esta actividad, encontramos que el área de afectación entre 2000 y 2020 es de al menos 200 000 hectáreas, lo que representa una expansión de más de 500 %”.
Un experto de SOS Orinoco, que pidió protección de su identidad por temas de seguridad, explicó la dinámica. “Hemos encontrado que se han perdido más de un millón de hectáreas desde el año 2000 hasta el 2020.
Al menos el 40% de la cobertura vegetal se ha perdido desde 2015. Es justo el año anterior a la creación del Arco Minero. A partir de ese momento la deforestación se aceleró.
No solo por la minería directamente, sino por la actividad de sostén asociada a esta, como la deforestación por temas agropecuarios, para alimentar a los mineros”, asegura el investigador.
El informe además proyecta que para 2025, si la tendencia continúa, se habrán perdido 1.3 millones de hectáreas de bosque, entre bosques y sabanas, es decir unas 300 000 adicionales a las deforestadas hasta 2020. Para 2030, la pérdida podría llegar a 1.5 millones de hectáreas de bosque, es decir, medio millón más que la cifra de 2020.
Las posibles causas y los focos de deforestación
El estudio de SOS Orinoco revela que las dos posibles causas principales de la deforestación son la actividad agropecuaria y la minería. “Los principales motores de pérdida de bosque serían la minería ilegal, la actividad agropecuaria y la expansión de zonas urbanas.
Aunque la actividad agropecuaria es la que mayor área ha deforestado hectáreas de bosque, la tendencia de mayor crecimiento es la minería”, dice el experto de SOS Orinoco.
La actividad agropecuaria va de la mano con la explotación de minerales. “No es una actividad agropecuaria independiente a la minería. Es para alimentar a las comunidades que realizan la minería cerca de los cultivos”, agrega el investigador.
Por su parte, Alejandro Álvarez asegura que “hay evidencia de una agricultura itinerante, de pequeña escala y es la principal causa de deforestación en el Estado Bolívar. Pero ahí falta algo, puede haber una mezcla de factores.
Por ejemplo, un aumento en la demanda de alimentos en las zonas mineras. Solamente en la zona del Callao, en el Estado Bolívar, la población aumentó un 1000 % en 10 años”, señala.
La minería en Venezuela se concentra principalmente en los estados amazónicos Bolívar y Amazonas. En Bolívar, los focos están en los parques nacionales Canaima, Caura y “el distrito minero al oriente en municipios como el Callao”, según Álvarez, de la ONG Clima21, que en 2022 publicó un informe en el que también se destacó el problema de la deforestación asociada a minería.
El experto de SOS Orinoco, que habló bajo anonimato, destaca que hay un foco de minería en Las Claritas, en el Estado Bolívar; que todo el borde del Parque Nacional Canaima está siendo explotado continuamente, y que cada vez hay más hallazgos de minería en esta zona, no solo en el borde sino dentro del área protegida.
En el Estado Amazonas, la degradación ambiental minera se presenta en el Parque Nacional Cerro Yapacana y en las zonas donde habitan los indígenas yanomami, como la sierra del Parque Nacional Parima Tapirapecó y el cerro Delgado Chalbaud. Cerca de la frontera con Brasil se ha expandido la minería ilegal y los expertos señalan que de ese país provienen los mineros que están explotando la zona. Un estudio anterior de SOS Orinoco denunció la existencia de al menos 50 focos de minería ilegal durante el 2022 en este estado y en tierras yanomami.
Según datos de SOS Orinoco y Clima21, los ríos más afectados por la minería son Cuyuni, Caura, Atabapo, Ventuari y Caroní.
El Arco Minero ha tenido un grave impacto sobre el medio ambiente. Aunque la minería que opera dentro de dicha área tiene autorización legal del gobierno, hay constantes denuncias sobre sus malas prácticas ambientales, contaminación y destrucción de ecosistemas. “Tanto dentro como fuera del área del Arco Minero, la minería es ilegal debido a la utilización del mercurio y los abusos de derechos humanos”, comenta Cristina Burelli de SOS Orinoco. El experto que pidió protección de su identidad dijo que esa minería es ilegal porque “el Arco Minero se creó sin aprobación de la Asamblea Nacional, además de que la mayor parte del oro exportado desde Venezuela no es declarado al Banco Central y se envía como contrabando”.
Fuera del área del Arco Minero, la minería ha invadido áreas protegidas como los parques nacionales Canaima y Yapacana. La situación en Yapacana tiene un agravante y es que está ubicado en el Estado Amazonas, donde la minería es ilegal desde la década de los noventa, según decreto presidencial.
“Gran parte de la actividad minera se está haciendo por fuera del polígono del Arco Minero, ocurriendo en parques nacionales. Pero también dentro del Arco Minero, que es un polígono enorme que cubre el 12 % del país y es más grande que varios países europeos. Toda la minería, incluso la que está fuera del polígono es permitida por el gobierno”, comenta el experto de SOS Orinoco.
Los cuestionamientos a los operativos militares
Pese a la ilegalidad de esta actividad y del tráfico de los insumos que requiere, como el mercurio, los operativos realizados contra la minería por parte de las fuerzas armadas venezolanas en los primeros meses de 2023 parecen no haber expulsado a los mineros. “La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, por vía del comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) Domingo Hernández Lárez, todos los días está tuiteando y mostrando fotos para mostrar que están acabando con la minería, pero no dicen exactamente dónde ni cómo”, señala Burelli.
“En Canaima hemos georreferenciado 60 sectores mineros, y el general Domingo Hernández Lárez dice que fue cerrado uno. Es una farsa. Una sola mina cerrada no cambia la dinámica. Que digan en qué localidad, en dónde, que muestren la georreferenciación para verificar”, agrega Burelli.
Al respecto, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) dice que un análisis de imágenes satelitales tomadas después de las actividades militares no encontró “indicios de que la intervención haya desmantelado los campamentos mineros de la cima del tepuy” de Yapacana, agregando que la estrategia debe ser a gran escala y a largo plazo.
Burelli también cuestiona la supuesta reforestación que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los parques nacionales Canaima y Yapacana. “Hay fotos de los soldados sembrando árboles en Yapacana y en Canaima, pero las cifras son absurdas. En Canaima van a sembrar 1000 árboles, pero allí hay más de 1500 hectáreas deforestadas. Estamos hablando de aproximadamente un árbol por hectárea. En Yapacana, donde nosotros hemos georreferenciado 3200 hectáreas deforestadas, ellos anuncian que van a sembrar 400 árboles. Es decir, un árbol cada ocho hectáreas” y agrega que sembrarlos en época de sequía no tiene sentido y que ni siquiera se sabe qué tipo de árboles están sembrando, pues no se puede plantar cualquier especie. “El sentido común me hace pensar que es una farsa”.
El investigador de SOS Orinoco, que pidió la reserva de su nombre, asegura que no se pueden plantar árboles sin recuperar primero la zona afectada. “Más que reforestación, primero se requieren procesos de restauración ecológica. Es como un campo que ha sido bombardeado, hay cráteres, toda la vegetación fue removida. En las imágenes satelitales no se ve ningún cambio respecto a lo que veníamos observando, no están reforestando”.
La situación se agrava porque hay señalamientos de organizaciones de la sociedad civil y de testigos en la zona del Parque Nacional Yapacana sobre la posible complicidad de las autoridades venezolanas con las actividades mineras y los grupos ilegales que las protegen. “Sin gasolina no se mueve la minería. Y la gasolina la controlan las fuerzas armadas de Venezuela. Hay pistas aéreas ilegales para la salida del oro. Yapacana, por ejemplo, es un feudo de las guerrillas colombianas o las disidencias de estas. Lo más grave es la aceptación de esta situación por parte de la Guardia Nacional Bolivariana venezolana. La provisión de víveres y repuestos de minería a Yapacana se hace desde Colombia y el oro sale por Inírida, Guainía, en el vecino país”, comenta el experto de SOS Orinoco.
Lo cierto es que mientras tanto la biodiversidad y los pueblos indígenas de las zonas mineras siguen en constante riesgo. Por ejemplo, el sapo rojo de Yapacana es una especie endémica y está en Peligro crítico de extinción en los tepuyes del parque nacional y una amenaza similar viven las comunidades indígenas Yanomami y del pueblo en aislamiento Hoti. “Se pierden cientos de especies. Es una biodiversidad enorme. También se están perdiendo hectáreas de bosque y las culturas indígenas que protegen los ecosistemas”, dice Álvarez de Clima21.
La falta de vigilancia y el futuro
En Venezuela el problema no solo es que haya minería ilegal, y legal sin buenas prácticas, sino que se presenta un vacío de información oficial que permita rastrear la deforestación y el daño de la minería. A diferencia de otros países donde hay entidades encargadas de monitorear la pérdida de bosque, los expertos aseguran que en Venezuela dichos datos no son recolectados o, al menos, no son publicados. Uno de los analistas señala que el régimen chavista es el responsable de dicha ausencia de datos.
El experto de SOS Orinoco complementa asegurando que en Venezuela no es tarea fácil obtener permisos para realizar estudios de mercurio. Cuenta que desde 2010 no hubo informes y lo último que se tiene es el de un reportaje que realizó en 2021 la periodista María de los Ángeles Ramírez con apoyo de SOS Orinoco.
Hallaron que las comunidades indígenas aledañas y dentro del Parque Nacional Canaima tienen niveles de mercurio no permitidos. “Hace falta hacer un estudio más amplio, sistemático, pero los permisos de traslado de pruebas son difíciles de obtener. Y los laboratorios están de capa caída, por eso no hay estudios más recientes”, dice el experto.
Respecto al futuro, los investigadores señalan que es importante la presión y la coordinación regional para detener la deforestación. “Continuaremos con nuestras denuncias sobre la minería y la deforestación.
El gobierno no tiene cara para posar como defensor de la Amazonía junto con los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva. Lo ideal sería que la lucha contra la minería sea contundente y no se quede solo en el show”, dice Cristina Burelli de SOS Orinoco.
“La deforestación y la minería ilegal son un problema regional, necesitamos soluciones regionales y globales. Son redes criminales que se deben combatir a nivel internacional”, dice Alejandro Álvarez de Clima21.
