Basura electrónica: una ley clave perderá estado parlamentario

Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.

 
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
 
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria ‘frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos’. Según la entidad, esta cámara ‘se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica’.
 
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
 
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
 
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
 
‘La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia’, señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
 
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
 
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
 
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.ß Laura Rocha
 
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
 
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
 
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria ‘frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos’. Según la entidad, esta cámara ‘se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica’.
 
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
 
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
 
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
 
‘La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia’, señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
 
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales, como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
 
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
 
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.

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