El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, explicó que “aproximadamente el 25 % de los residuos que se generan en Argentina son envases, de los cuales cerca del 90 % son plásticos y, de ese total, sólo el 8 % se recicla”, y añadió que “lo restante, en el mejor de los casos, va a parar a un basural a cielo abierto o a un relleno sanitario”.
“Es un error presuponer que lo que ocurre hasta hoy, la inexistencia de una ley de envases con responsabilidad extendida del productor, es gratis. No lo es: lo está pagando el deterioro ambiental”, condenó el funcionario del Ministerio que conduce Juan Cabandié.
Sobre este punto Federovisky remarcó como fundamento central de la ley el principio de responsabilidad extendida del productor, sobre el que explicó que sirve para que “quien pone en el mercado un producto que se va convertir en residuo se haga cargo de su tratamiento”.
Sobre el proyecto de ley, también se refirió el director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos, José Luis Picone, quien señaló: “Las ventajas son muchas”, al tiempo que enumeró los beneficios ambientales, sociales y económicos de la iniciativa.
“En primer lugar, tiene un impacto ambiental positivo por la disminución de los residuos a disponer en rellenos sanitarios o basurales, y menor consumo de recursos fósiles para producir plástico. Además el reciclado evita generar gases de efecto invernadero y menor consumo de energía eléctrica”, dijo
Picone. Luego detalló los beneficios económicos de la norma impulsada: “Menor importación de productos plásticos, ya que Argentina no se autoabastece con este material, por lo que cada tonelada reciclada se podría volver a usar en el país sin necesidad de ser importada. También con los residuos se fabrican productos que son exportados, es decir, se generan dólares a través de la basura”.
Por último, el referente de la industria del reciclado destacó los beneficios sociales: “En Argentina el año pasado se reciclaron unas 250 mil toneladas de plástico, lo cual generó una necesidad de mano de obra en la industria del reciclado de unas 2.500 personas, con trabajo en blanco, unas 7.500 personas como mano de obra indirecta y cerca de 50.000 recuperadores urbanos haciendo ese eslabón de la cadena, desde el punto de generación hasta la industria”.
La ley de envases, que promueve la responsabilidad extendida del productor y la inclusión de trabajadoras y trabajadores del reciclado, busca favorecer la gestión integral de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas.
El proyecto se trató la semana pasada en comisiones de Diputados y obtuvo dictamen para ser debatido en el recinto.
