El dictamen por el Canal de la Patria se basa en la «responsabilidad conjunta» del Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero en la obra que genera un grave daño a la fauna y la calidad del agua.
El litigio judicial centrado en el impacto ecológico de la obra pública «Nuevo Canal de la Patria» ha alcanzado una instancia definitoria. La Procuración General de la Nación (PGN) ha emitido un dictamen de notable importancia que respalda la causa ambiental del Canal de la Patria, impulsando la acción legal iniciada por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Con fecha del pasado 10 de septiembre, la PGN determinó que esta controversia se encuadra en la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta interpretación significa que el caso debe ser resuelto de manera directa por el máximo tribunal del país, sin intervención de juzgados inferiores. El pronunciamiento, favorable a las ONGs demandantes, se fundamenta en la identificación de responsabilidades compartidas y conjuntas entre las entidades demandadas.
Fundamentos de la competencia del Alto Tribunal
Para sostener la jurisdicción de la Corte Suprema, la Procuración General puso énfasis en los convenios suscritos entre la Provincia de Santiago del Estero y diversos organismos nacionales. El dictamen menciona de forma específica los acuerdos con el entonces Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y la extinta Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas nacional.
Estos pactos establecieron obligaciones conjuntas, específicas y compartidas para la ejecución de la obra.
Según el análisis de la PGN, la existencia de estas responsabilidades contractuales convierte tanto al Estado Nacional como a la Provincia de Santiago del Estero en partes sustanciales del litigio, poseyendo ambos un interés directo en su resolución.
La Procuración concluyó que es inviable alcanzar una solución efectiva, que al mismo tiempo resguarde el derecho de defensa de los involucrados y repare el bien tutelado (la biodiversidad de la ecorregión del Gran Chaco), sin la participación de todas las partes.
El rol del Estado Nacional, operando a través de ENOHSA y la Secretaría de Infraestructura, incluyó el diseño del canal y el compromiso de proveer asistencia financiera para el proyecto. Asimismo, la Nación se reservó la facultad de efectuar auditorías técnicas y financieras, reteniendo el poder de supervisión y control.
La provincia, por su parte, es responsable por haber sido la ejecutora e implementadora de la obra, asumiendo las tareas de construcción, operación y mantenimiento.
El contexto de la demanda por daño ambiental del Canal de la Patria
La acción judicial fue presentada el 23 de junio por las tres organizaciones mencionadas. Se trata de una demanda por daño ambiental de incidencia colectiva dirigida contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional.
El proyecto en cuestión es una modernización del Canal de la Patria, cuya estructura original data de fines de la década de 1970. La obra, proyectada en 2020, consistió en el revestimiento con cemento de un tramo de 180 kilómetros.
El problema central de la demanda radica en que el canal renovado, con sus paredes de cemento empinadas, actúa como una «trampa mortal«. La fauna local que se acerca a beber o intenta cruzarlo cae al interior y no puede salir, muriendo ahogada. Esta situación provoca una acumulación de cadáveres de animales en estado de putrefacción, afectando gravemente la calidad del agua que transporta el canal y generando un serio riesgo para la salud humana.
Paralelamente, la obra fomenta la fragmentación del hábitat. La estructura de hormigón se erige como una barrera física de más de 200 kilómetros que impide el libre desplazamiento de la fauna, lo que restringe el flujo genético y eleva el riesgo de extinción para algunas especies de la región.
Tras recibir el dictamen de la Procuración, el expediente de la causa ha comenzado a circular entre los despachos de los Ministros de la Corte Suprema. Las organizaciones demandantes aguardan una pronta decisión del tribunal que incluya medidas urgentes para detener la mortandad de animales, asegurar la calidad del agua y ordenar la ejecución de un Plan de Recomposición integral del daño causado.
