El gobierno argentino impulsa la flexibilización —o incluso eliminación— de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La medida reabre el debate sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció un tope del 15% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones en zonas sensibles como cuerpos de agua y áreas de frontera.
La discusión no es meramente técnica: se trata de quién controla el territorio y con qué fines. En un contexto de crisis y presión por exportar más, la tierra reaparece como recurso estratégico en salares, cordilleras mineras y regiones de monocultivo.
La extranjerización en cifras
- Superficie rural total: más de 266 millones de hectáreas.
- En manos extranjeras: alrededor de 13,2 millones (≈5%).
- El promedio nacional oculta la concentración en territorios clave: salares del noroeste, zonas cordilleranas y áreas con acceso a agua dulce.
Ejemplo: en el departamento de Tinogasta (Catamarca), sobre 2,28 millones de hectáreas, más de 608.000 están en manos extranjeras, lo que equivale al 27% del territorio, muy por encima del límite nacional.
Territorio y extractivismo
La flexibilización de la ley se presenta como una vía para atraer inversiones. Sin embargo, en territorios como Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, la expansión de proyectos de litio y cobre redefine el acceso al agua, los caminos y las actividades posibles.
La tierra deja de ser solo un medio de producción y se convierte en un activo financiero global, dentro de circuitos de inversión transnacional. Esto cambia quién tiene poder real sobre la vida en esos territorios.
Asimetrías jurídicas
Mientras las empresas transnacionales cuentan con tratados y arbitrajes para defender sus inversiones, las comunidades enfrentan marcos legales débiles. La consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) se aplica de manera deficiente, y la protesta suele ser criminalizada.
La liberalización del mercado de tierras no es neutra: interviene en territorios ya en disputa, inclinando la balanza hacia actores con mayor poder económico y jurídico.
Dimensión global
La transición energética aumenta la demanda de litio y cobre, intensificando la presión sobre los salares del noroeste argentino. Los territorios del Sur Global absorben los costos de un proceso decidido en otra escala.
El Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos busca establecer obligaciones claras y mecanismos efectivos de acceso a la justicia, cerrando la brecha entre el poder corporativo y la capacidad de defensa de los territorios.
Impacto en campesinos y pequeños productores
El acceso a la tierra sigue siendo una deuda estructural:
- Campesinos y productores familiares enfrentan tenencia precaria o imposibilidad de acceder a tierras propias.
- La concentración de grandes extensiones en pocas manos limita la seguridad jurídica y el apoyo productivo.
- Ampliar las condiciones para la inversión extranjera sin discutir la distribución refuerza la desigualdad estructural.
La flexibilización de la Ley de Tierras Rurales no solo redefine el mercado inmobiliario: reorganiza el territorio argentino en función del capital transnacional. La disputa es sobre soberanía, acceso al agua y capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios.
En un país donde el acceso a la tierra para quienes la trabajan sigue siendo limitado, abrir aún más el mercado a extranjeros profundiza la desigualdad y compromete recursos estratégicos.
