A pesar de las duras restricciones impuestas para enfrentar a la pandemia, la deforestación de la Amazonía en Perú alcanzó en 2020 la tasa más alta de las últimas dos décadas, mientras sus autoridades aún no presentan un plan para evitar que esta tendencia se mantenga, alertaron a Efe organizaciones civiles.
“Perú perdió durante el año pasado 203.272 hectáreas de bosques amazónicos, una cifra superior en 54.846 hectáreas a la de 2019, y a las 177.556 hectáreas de 2014, que era, hasta ahora, la más alta de los últimos 20 años, detalló la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en base a cifras oficiales.
En total, entre 2001 y 2020, en Perú se han perdido 2.636.585 hectáreas de bosques amazónicos, un problema que el año pasado se concentró en un 77 % en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas.
LAS RAZONES DEL INCREMENTO
El incremento en la pérdida de bosques se dio a pesar de que el gobierno que presidió Martín Vizcarra decretó desde mediados de marzo de 2020 una de las cuarentenas más estrictas del mundo, que se prolongó durante casi cuatro meses.
En ese sentido, datos del Ministerio de Ambiente (Minam) indicaron que entre el 15 de marzo, cuando empezó la emergencia sanitaria nacional, y el 15 de mayo de 2020, la deforestación acumulada fue de 7.119 hectáreas, un 28,7 % menor a las 9.981 hectáreas registradas en ese mismo periodo de 2019.
A pesar de que se consideraba que estas cifras podrían marcar una tendencia hacia la disminución, los datos oficiales indicaron finalmente que la tasa anual llegó a las 203.272 hectáreas.
En ese sentido, Gonzales explicó que es probable que la alta deforestación se haya relacionado con la masiva migración de personas hacia sus localidades de origen ante la imposibilidad de cumplir con el aislamiento estricto en Lima y otras ciudades.
Otro aspecto “fundamental” fue “una menor acción de control por parte del Estado en estas áreas” en medio de las restricciones sanitarias, así como el incremento de las actividades ilegales.
Sobre este aspecto, Gonzales dijo que un reporte del gobierno de Ucayali sobre pérdidas de bosques de enero a agosto de este año mostró “un incremento muy grande del narcotráfico, con pistas ilegales para sacar la droga y la apertura de chacras para el cultivo ilegal de coca”.
MEDIDAS URGENTES
“En realidad esto es bastante alarmante. Veíamos que a partir del año 2017 había una tendencia ligera a la reducción de la deforestación y lo que hemos visto el último año es que esta se ha disparado hacia el alza, en una vía contraria”, remarcó la experta.
Esta situación, dijo, “tiene una afectación directa, sobre todo en la población que depende de los bosques” como las comunidades nativas, “que cada vez son más amenazadas e incluso pierden la vida en esta lucha constante para que no se afecten los recursos”.
En medio de esta situación, añadió que hasta el momento las autoridades nacionales y regionales no presentan un plan de contingencia para evitar que esta tendencia se mantenga.
Esto se da a pesar de que Perú forma parte de una declaración conjunta con Noruega, Alemania y Reino Unido que tiene una financiación comprometida hasta por 200 millones de dólares para el país si logra reducir los niveles de deforestación hacia 2025.
“Si esto no ocurre, si esta tendencia que hemos vivido en 2020 empieza a incrementarse, pues desafortunadamente no vamos a poder acceder a ese financiamiento y estamos comprometiendo las posibilidades y las opciones para las poblaciones que habitan y dependen de nuestro bosques”, alertó.
PETICIÓN AL PRESIDENTE
Por ese motivo, la asociación DAR envió una carta al presidente de Perú, Pedro Castillo, para pedirle “continuar y reforzar” las acciones contra la deforestación y que se promueva la gobernanza de los recursos naturales “para una mejor gestión equitativa y sostenible de las inversiones”.
Además, que se asigne a las poblaciones derechos sobre sus tierras para darles seguridad jurídica y evitar que las actividades ilegales aumenten, así como ordenar la actividad agropecuaria y mejorar la productividad en áreas deforestadas.
La misiva también plantea crear un espacio conformado por el gobierno, las empresas y la sociedad civil para lograr la transparencia en infraestructura, fortalecer las competencias de las entidades involucradas en la lucha contra los delitos ambientales y formalizar a la pequeña minería, para reducir sus impactos.
Solicita, asimismo, la protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, la promoción del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y la implementación de mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos relacionados con la consulta previa.
