Las asociaciones ecologistas y animalistas que suscriben este comunicado denuncian la ilegalidad de las propuestas de gestión del Lobo y de los montes trasladadas la tarde del jueves 3 de octubre por la Consejera de Agroganadería, la Directora General de Ganadería, la Directora General de Recursos Naturales y el Director de Política Forestal a una delegación de asociaciones ganaderas que hemos conocido por la prensa.
El monte asturiano está siendo constantemente agredido por el fuego, y prueba de ello es que Asturias está entre las comunidades autónomas que más incendios registra al año, tanto en número de siniestros como de hectáreas abrasadas, dato que debería abochornar al Director de Política Forestal y que demuestra que la torpeza en la gestión de los montes es mayúscula y que sus consecuencias futuras no son difíciles de predecir. Permitir que el sector ganadero gestione la quema de los montes, además de una dejación de funciones, supone pergeñar en la ilegalidad, pues si algo ha quedado demostrado tras las investigaciones periciales pertinentes de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado de Asturias es que, detrás del 83% de los incendios forestales, está el interés ganadero de ganar terreno al bosque para la creación de pastos.
Las facultades que los ciudadanos han otorgado a través de las urnas a los gobiernos y cargos políticos solo pueden ser legítimamente ejercidas en atención a fines públicos, para asegurar la protección de la integridad de los ecosistemas y la preservación de sus características, y no para condicionar abusivamente la utilización del territorio, perjudicando valores ecológicos y medioambientales. El deterioro de las masas forestales sometidas tanto a la enorme presión ganadera como a la eliminación mediante el fuego de especies arbustivas y zonas arbóreas para obtener pastos, es patente y debe cesar, y el dato del número de incendios registrados anualmente en nuestra región pesa fatalmente en contra del ejercicio de la ganadería del modo en que se viene desarrollando en los terrenos de titularidad pública.
En todo caso, la autorización que eventualmente se otorgue a los ganaderos para que, por sí mismos, incendien terrenos en espacios públicos, es de gravedad suficiente como para que se justifique la intervención del Derecho penal. Y así pues, en el caso de que la quema se convierta en un incendio, las asociaciones ecologistas exigiremos la responsabilidad penal y condena del funcionario público responsable de la autorización, así como del ganadero implicado en el resultado lesivo, pues está previsto que, quienes intervengan de forma decisoria en la resolución que autorice dichas quemas susceptibles de causar un grave perjuicio para el medio ambiente, puedan ser enjuiciados. Así lo ha declarado el Legislador, que ha percibido la necesidad de intensificar y avanzar en la tutela penal en el sector medioambiental por la afectación a intereses generales particularmente sensibles, en el sentido de que se castiguen comportamientos como los que propugnan los responsables políticos a través de la declaración de sus intenciones.
Con igual contundencia, las asociaciones que suscriben este comunicado se oponen a la gestión del Lobo esbozada por los gestores referidos consistente en permitir que los cazadores, en el transcurso de batidas de caza, puedan disparar sobre ejemplares de lobo ibérico. Los ciudadanos tenemos derecho a esperar, y también a exigir, que los responsables políticos regresen a la ley y a la normativa, aunque nada más sea para hacer una efímera visita, pues será suficiente para advertir que, a quienes obtienen licencia de armas para el ejercicio de la caza, solo les permite la Ley de Caza disparar sobre especies catalogadas como cinegéticas, y el Lobo no está catalogado como tal. Y en tal contexto, los ecologistas no cesaremos en el esfuerzo para evitar que se produzca el menor asomo de ilegalidad.
El planteamiento de la gestión que se pretende realizar sobre la especie lobo es disparatado, cede a la tiranía de la ignorancia, es un desacato moral contra la naturaleza, demuestra una debilidad penosa en los órganos de gestión que se acercan cada vez más al estado de transgresión crónica de las normas, y se opone a las exigencias de la razón y de la justicia, pues está científicamente demostrado que matar lobos no es la solución al problema de los daños a la ganadería, y que dicha solución reside en el ejercicio diligente del aprovechamiento ganadero extensivo.
La declaración de intenciones de los responsables políticos referidos, a quienes les ha resultado tan fácil alinearse en las filas de quienes mantienen contienda contra todo lo natural, y en especial contra el lobo y los bosques, resulta nítidamente incompatible con el cometido de su encomienda pública y la delimitación de sus funciones, y las asociaciones ecologistas y animalistas les recuerdan que, al igual que ocurre respecto de otros bienes generales y socialmente sensibles, como son la ordenación del territorio y el Patrimonio Histórico, se ha adelantado ya la barrera punitiva que castiga como prevaricación específica la emisión de autorizaciones que incidan negativamente en el bien jurídico del medio ambiente, y por ello no ahorraremos esfuerzos en someter a revisión judicial cada una de las actuaciones administrativas anunciadas.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
