Cuatro derrames de petróleo en la Amazonía peruana han afectado en las últimas semanas a más de 30 comunidades indígenas donde viven más de 6.000 personas que se alimentan y surten de agua de los ríos y lagunas ahora contaminados por la marea negra. Los vertidos ocurrieron en las regiones Loreto y Amazonas: tres en puntos del Oleoducto Norperuano y otro en un lote petrolero. En protesta por la falta de atención del Estado a la emergencia, líderes de las localidades damnificadas bloquearon el paso de embarcaciones en un río y en octubre otros viajaron a la capital para reclamar por la falta de comestibles, la pérdida de la pesca como medio de vida, y el trastorno de sus actividades.
El primero ocurrió el 10 de septiembre y afectó a cinco comunidades de la Nación Chapra; el segundo se originó el 16 en la comunidad de Cuninico, que ya en 2014 sufrió una gran devastación por una fuga de 2.500 barriles del mismo ducto; y el tercero fue detectado el 21 de ese mes por población indígena en una zona colectora de fluidos del lote petrolero 192 llamada Batería Shiviyacu. Esa zona, ubicada en la comunidad del pueblo achuar José Olaya, también sufrió otros derrames en la década pasada. Sobre ese vertido, la fiscalía ambiental informó de que en tres días afectó seis kilómetros hasta llegar a cuerpos de agua. El sábado 22 de octubre, otro derrame más contaminó el río Wawiko en la provincia de Bagua, Amazonas, y perjudica a unas 15 poblaciones.
En los últimos años, varios derrames han afectado a las regiones amazónicas de Loreto y Amazonas, donde viven pueblos indígenas y colonos asentados en las riberas de los ríos con escaso acceso a servicios como la salud. Según un reporte de Oxfam de 2020, entre 2000 y 2019, el 65% de los derrames fueron consecuencia de la corrosión y fallas de la infraestructura petrolera estatal o de empresas privadas, y un 23% por sabotaje de terceros.
Sin embargo, el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería indicó en 2021 que 41% de los derrames fueron provocados por atentados. A raíz del incremento de zonas contaminadas, extrabajadores del sector de hidrocarburos y exautoridades locales han abierto negocios de limpieza y remediación de los daños con los que se están beneficiando económicamente, denuncian periodistas de investigación peruanos y líderes indígenas.
Mientras, los afectados se quejan de la falta de ayuda. Una semana después del derrame en Cuninico, esa comunidad recibió agua y alimentos de la empresa PetroPerú que opera el Oleoducto Norperuano. Pero la asistencia solo alcanzó para dos días, según reportó el apu (jefe indígena) Wadson Trujillo. Debido al grave derrame de 2014 y la afectación de la salud de los habitantes, esta comunidad obtuvo en 2017 medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección y la integridad de la vida.
Cinco años después, siguen expuestos a daños y la protección no llega. El ducto origen de la fuga pertenece a la estatal PetroPerú. Las federaciones indígenas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería han indicado que, pese a que tiene 50 años de antigüedad, el ducto de más de 850 kilómetros apenas ha recibido mantenimiento.
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el derrame de unos 2.500 barriles de crudo el 16 de septiembre en Cuninico contaminó unos 848.400 metros cuadrados de agua en quebradas de Cuninico y el río Marañón, a lo largo de 147 kilómetros en los que residen otras 17 comunidades. El 24 de septiembre, el Ministerio del Ambiente declaró emergencia ambiental.
“Aquí vivimos 272 familias: PetroPerú entregó ayuda humanitaria para 200 familias una semana después del derrame y no hemos vuelto a tener comunicación alguna”, denuncia por teléfono la autoridad comunal de Cuninico. “Del Gobierno Regional de Loreto nadie se ha comunicado y la municipalidad de Urarinas entregó botellas de agua una sola vez”, añade.
Solo agua de lluvia
Debido al grave derrame de 2014, el ministerio de Vivienda instaló una planta de agua de emergencia en Cuninico que abastecía las piletas comunitarias durante 30 minutos al día. Sin embargo, según denuncian los beneficiarios, el origen era el propio río y las quebradas contaminadas. “Cada persona puede llenar medio balde [de 12 litros] al día y no alcanza para todos. La construcción de una planta de agua a cargo de la municipalidad de Urarinas avanzó al 70%, pero no se terminó por malversación de fondos, un caso por el que varios exfuncionarios están siendo investigados, según le dijo a América Futura el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, quien anunció que ese organismo pedirá al Ministerio de Vivienda que retome el proyecto. Mientras, los residentes, están usando agua de lluvia, según Trujillo.
El jefe indígena de Cuninico reclama que, pese a que lograron sentencias judiciales favorables y medidas cautelares, el Estado no monitorea a las personas expuestas a la contaminación por petróleo ni construye infraestructura de salud y saneamiento. Aunque el número de enfermos ha aumentado entre las familias de Cuninico, el módulo de salud es un pequeño ambiente de material prefabricado con dos enfermeras y un técnico. “El 80% aquí tiene cólicos, alergias, dolor de cabeza y fiebre”, lamenta Trujillo. “Desde el primer día del derrame, todas nuestras actividades —labrar la tierra o asistir a las clases— están paralizadas. Si no hay alimentación ni agua, está todo en emergencia: no quisiera que ninguna persona esté en nuestra situación”.
Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos —la capital de la región Loreto— asegura que el derrame ha afectado a las poblaciones porque es la época de desove de los peces en las lagunas. “No se sienten escuchados”, remarca. Por eso, los dirigentes de las comunidades damnificadas bloquearon el río Marañón dos semanas después del derrame para pedir atención del Estado, pero no obtuvieron respuesta.
Nuevos damnificados
Aunque se han reportado otros derrames en el distrito de Morona, en Loreto, las comunidades del pueblo indígena chapra no habían sido afectadas hasta el vertido del 10 de septiembre. “Mi padre me cuenta que hace 50 años, cuando llegaron las personas a colocar el oleoducto, le dijeron que la estructura la iban a cambiar cada 30 años”, relata en Lima Olivia Bisa, socióloga de 33 años y presidenta del Gobierno Autónomo de la Nación Chapra, que representa a cinco comunidades afectadas y unas 500 familias. El tubo nunca fue cambiado. Y ahora el petróleo ha llegado a una quebrada donde criaban peces para la venta. Según su testimonio, esto se debe a que PetroPerú no colocó barreras de contención y el crudo se dispersó.
“Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos de la naturaleza. La nación chapra se dedica a la pesca artesanal y la agricultura: tenemos siete lagunas de repoblación de especies acuáticas y uno de esos proyectos nos permitió sobrevivir en la pandemia porque proveíamos de pescado a empresas contratistas de PetroPerú”, relata Bisa.
La socióloga dice que desde entonces solo han recibido ayuda alimentaria de una ONG. Tras más de un mes sin obtener respuestas de la compañía estatal, la representante de las comunidades chapra viajó a la capital, donde se reunió con congresistas y periodistas antes de finalmente ser escuchada por la empresa. El 13 de octubre, el presidente del directorio de PetroPerú, Humberto Campodónico, reconoció en una reunión con Bisa que el derrame fue causado por corrosión y no por un sabotaje, y anunció que las operaciones de limpieza empezarían el 20 de octubre; pero no han cumplido con ello.
“Una emergencia socioambiental”
La relatora de derechos sociales, económicos y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, calificó en una visita reciente a Perú de “emergencia socioambiental” la situación de los damnificados en la Amazonia y la de los afectados desde enero por el derrame de Repsol en el mar de la costa central peruana. “Es una emergencia ambiental, caracterizada por derrames petroleros y deforestación y las consecuencias en el medio ambiente sano”, sostuvo.
Para ella, la falta de respuestas a las poblaciones vulnerables que han sufrido los vertidos se debe a la “inestabilidad institucional y democrática” que vive el país andino hace unos cinco años y a la falta de continuidad de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. “Tuve la oportunidad de estar en un bote con pescadores (afectados por el derrame de enero en el mar de Ventanilla) viendo manchas de petróleo en el mar y animales muertos flotando, y constaté la desesperación de estos hombres y familias que hoy no tienen trabajo y que ven un Estado omiso y una empresa que no está siendo objeto de las correspondientes medidas frente a un hecho semejante”,dijo.
Finalmente, la relatora hizo un llamado a cooperar con Perú y pidió que las instituciones protejan la naturaleza y los derechos de las comunidades que están “en altísima vulnerabilidad”.
