Firmar el documento supone que la Armada de Chile tendrá mayores facultades de inspecciones en altamar y tendrá el poder de abordar naves extranjeras en determinados casos.
“Es un importante instrumento de gobernanza global en materia de océanos que entro en vigor el año 2001 y al que se han adherido 81 Estados”, destacó en Santiago el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
El jefe de la diplomacia chilena destacó que este acuerdo busca principalmente asegurar en el largo plazo la conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales, como el jurel y las poblaciones de peces altamente migratorios (atún, pez espada), que son “de especial importancia económica y social” para Chile.
La nueva Política de Combate a la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y un grupo de trabajo formado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y por la Subsecretaría de Defensa.
Los esfuerzos de conservación y uso sostenible son un pilar del programa de Gobierno de Michelle Bachelet y por eso Muñoz ha recalcado que no es baladí el encuentro en Washington, que congregará a más de 400 representantes gubernamentales, científicos, sectoriales, diplomáticos y miembros de la sociedad civil.
